El todavía mandatario seguirá siendo el inquilino de la Casa Blanca, con sus poderes y competencias virtualmente intactos de cara a dos estrategias simultáneas que manejar: la disputa de los resultados de los comicios y su adiós definitivo a la Presidencia.

Sobre la primera abundan las dudas incluso en su entorno más cercano, según han confiado fuentes próximas a la Administración a la cadena CNN. Si bien su equipo legal, abanderado por su asesor y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, afirma contar con casos concretos en los que se ha impedido a observadores republicanos la entrada en las salas de recuento, las propias autoridades de los estados afectados, algunas republicanas, rechazan categóricamente estas declaraciones y las primeras escaramuzas legales no han surtido efecto alguno.

Además, el tiempo apremia. El resultado por estados tiene que estar confirmado, con todos los eventuales recursos y litigios resueltos, antes del 8 de diciembre. Debido a que lo que los estadounidenses votan no es a su presidente, sino a las personas que representarán a su estado en el Colegio Electoral, es fundamental que para ese día esté claro quiénes son.

El Colegio Electoral debe reunirse el 14 de diciembre para que los compromisarios de cada estado emitan sus votos, que serán contabilizados en una sesión de las dos cámaras del Congreso el 6 de enero. El encargado de anunciar al presidente será el vicepresidente, Mike Pence, en su calidad de presidente del Senado, y el mandato arrancará formalmente el 20 de enero.

Despedida y cierre

El segundo aspecto, su despedida y cierre, está lleno de dudas e incertidumbres, condicionadas por el explosivo carácter del presidente, a quien «vamos a conocer más en estos dos próximos meses que en los últimos cuatro años», en palabras del exasesor Miles Taylor al ‘Washington Post’.

En este sentido, además de los persistentes rumores de una nueva «purga» entre su equipo de Gobierno, cabe la posibilidad de que Trump haga uso de sus competencias para conceder indultos –un fenómeno recurrente durante los últimos meses de mandato– con el propósito de otorgarse a sí mismo la inmunidad ante cualquier futura investigación.

En este escenario, el proceso de transición que comenzará en las próximas semanas pasará a un segundo plano. Desde el equipo del presidente electo, Joe Biden, no se espera ayuda ni concesión alguna. Según fuentes de su campaña al ‘Washington Post’, la idea consiste en aprovechar los amplios poderes que les concede la Ley de Transición Presidencial para esquivar los obstáculos que les pudieran preparar los aliados del presidente saliente.

Destruir pruebas y ganar dinero

Sin embargo, es posible que ni siquiera exista interés alguno de Trump a la hora de ponerlos. Un informe emitido el pasado mes de agosto por el llamado Proyecto de Integridad de la Transición (TIP) –un grupo formado por cien funcionaros electos para pronosticar escenarios de traspaso de poderes– teme que Trump se marque solo dos sencillos objetivos: destruir posibles pruebas incriminatorias y ganar el máximo de dinero posible.

«La gente de toda orientación e ideología política que ha participado en todos nuestros simulacros están seguros de que Trump dará prioridad a la autopreservación y al beneficio propio en lugar de garantizar una transición administrativa ordenada a su sucesor», rezan las conclusiones del informe, publicado el pasado mes de agosto.

El TIP contempla, por ejemplo, la posibilidad de que el presidente multiplique sus estancias en su residencia y cuartel general de Mar a Lago, en Florida, con el consiguiente desvío monetario hacia sus empresas particulares como encargadas de alimentar al séquito de seguridad que se vería obligado a acompañarle. Hasta mediados de setiembre, estas visitas han costado 1,1 millones de dólares de fondos federales, que han ido directamente a las arcas de su compañía, Trump Enterprises.

Indultos

Otra posibilidad que se contempla es que el presidente pueda recurrir a la amnistía para proteger a aquellos asesores que violen leyes de protección de registros presidenciales si destruyen documentos comprometedores hacia el propio Trump, según especulan otros expertos consultados por ‘USA Today’. No obstante, son aguas desconocidas porque no está muy claro qué puede perdonarse y qué no.

Por ahora, es una cuestión de jurisdicción. Los indultos solo afectan a delitos federales y la mayoría de las investigaciones sobre Trump y sus negocios se llevan a cabo en los tribunales del estado de Nueva York. «Va a usar estratégicamente este periodo para tratar, básicamente, de protegerse a sí mismo, a su familia y a su dinero», considera el antiguo fiscal de la investigación especial sobre la campaña de Trump, Andrew Weissmann, en declaraciones al ‘Washington Post’.

Despidos y contrataciones

Queda por último conocer el destino de deparan estos dos meses a los enemigos políticos del presidente, y para ello hay que hablar de una reciente orden ejecutiva aprobada por el mandatario entre el ruido de las elecciones, la llamada, por abreviar, ‘Schedule F’ (Calendario F); una competencia adicional que le otorga la potestad de despedir o contratar empleados a su voluntad.

Esta capacidad le permitiría despedir a funcionarios como el epidemiólogo Anthony Fauci, miembro de su fuerza de intervención contra el coronavirus, y con quien ha protagonizado numerosos encontronazos, y redoblar las protecciones a cargos puramente políticos.

El director del Consejo Federal de Salarios, Ronald Sanders, presentó el mes pasado su dimisión en protesta por esta orden ejecutiva que, a su entender, «no es más que una cortina de humo para lo que claramente es un intento de exigir la lealtad política de quienes asesoran al presidente, o en su defecto, para permitir su destitución con poco o ningún debido proceso».