La alcaldesa de Berga, Montse Venturós, de la CUP, se convirtió el pasado martes en la primera edil catalana en desobedecer de forma directa a un tribunal, después de negarse a declarar ante el juzgado que investiga al Ayuntamiento por haber lucido la estelada en las jornadas electorales del 27 de setiembre y del 20 de diciembre. Semanas antes, el concejal de la CUP en Vic Joan Coma se convirtió en el primer cargo público catalán imputado por incitación a la sedición, en el marco de la investigación abierta al Ayuntamiento por la aprobación de una moción de apoyo a la Declaración de desconexión del Parlament del 9N. Son solo dos ejemplos de la avalancha de casos, denuncias, querellas e investigaciones abiertas por los tribunales españoles contra los municipios independentistas catalanes.

Gota a gota, querella a querella, se ha formado la marea que amenaza ya a más de un tercio de los 947 municipios catalanes. En concreto, son 381 los ayuntamientos bajo la lupa de algún juez. La palma se la lleva, sin duda alguna, el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno Chamarro, el mismo que encarceló a los titiriteros. En febrero ordenó investigar a la Assemblea Nacional Catalana (ANC), la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y la Associació Catalana de Municipis (ACM) por haber propuesto e impulsado mociones en apoyo a la Declaración del 9N. Previamente, otros jueces de la AN habían archivado ya varias denuncias por ese motivo contra consistorios como los de Celrà, Girona e Igualada, al entender que son «posicionamientos políticos en el marco de la libertad ideológica y de expresión de aspiraciones o anhelos políticos». Pero nada frena al juez Moreno, que ha extendido su investigación a nada más y nada menos que 280 municipios.

Respuesta en camino

Solo la delegada del Gobierno español en Catalunya, María de los Llanos de Luna, es capaz de competir e incluso superar al juez Moreno en su carrera por denunciar a los ayuntamientos catalanes y judicializar todo aquello que huela a independentismo. Nada que envidiar a Carlos Urquijo o Carmen Alba: según el recuento de la AMI, han sido 336 los procesos abiertos por la Delegación del Gobierno español. Entre las causas, diversas, destacan las denuncias por no colgar la bandera española (116 Ayuntamientos denunciados), por ejercicios de soberanía fiscal (106 municipios), por pagar la cuota a la AMI (56) o por declararse «territorio catalán libre y soberano» (47 denuncias).

Aunque muchas de las denuncias de la Delegación han tenido un escaso recorrido judicial (otras muchas siguen en los juzgados), el independentismo ya ha encendido las alarmas ante la ofensiva española, que intenta judicializar cualquier iniciativa vinculada al proceso independentista, tratando de alejar de esta forma el conflicto del terreno político. Así lo denunciaron las principales entidades soberanistas en un acto celebrado el pasado 1 de abril en el Museo de Historia de Barcelona, en el que se presentó un manifiesto para exigir que «cese inmediatamente la persecución que están recibiendo los cargos públicos, las entidades y las instituciones catalanas» y mostrar apoyo a todos los cargos electos perseguidos.

De forma paralela, el pasado domingo, la CUP presentó en el Fossar de les Moreres de la capital catalana la campaña ‘Sense Por’ (‘Sin Miedo’), también en apoyo a los cargos electos y a las instituciones perseguidas por los tribunales. Una dinámica en el marco de la cual convocaron una manifestación nacional para el próximo 7 de mayo, y a la cual todavía está por ver si se suman otros partidos políticos y las entidades soberanistas. Un supuesto que convertiría la cita en una ocasión de oro para tomar el pulso a la capacidad movilizadora del independentismo, sobre la que se han escampado algunas dudas tras el impasse de los últimos meses.