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Montesinos, condenado por la muerte e incineración de tres opositores

Un tribunal peruano consideró probada la existencia de un horno en los sótanos de los servicios de Inteligencia en los que fueron incinerados los cuerpos de al menos tres opositores en 1993, y condenó por ello al exjefe de los servicios secretos, Vladimiro Montesinos.

Un tribunal peruano condenó ayer a 22 años de prisión a Vladimiro Montesinos, exjefe de los servicios secretos con el presidente Alberto Fujimori, por la muerte y la incineración de tres opositores en 1993 en un horno crematorio en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).

El que fuera jefe de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza, fue condenado a la misma pena. Ambos estaban ya encarcelados desde hace 15 años por otras violaciones de derechos humanos, masacres y desapariciones de civiles, así como tráfico de armas y corrupción.

Montesinos, de 71 años, y Hermoza, de 81, fueron declarados culpables de la desaparición del profesor Justiniano Najarro y los estudiantes Martín Roca Casas y Kenneth Anzualdo, ambos opositores al Gobierno de Fujimori. Las tres víctimas habían sido arrestadas por una patrulla militar en la Universidad técnica del Callao, en una operación que el Ejército justificó como dirigida contra las guerrillas de Sendero Luminoso y el MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru).

En este proceso impulsado en 2012 por la Fiscalía y las familias de las víctimas, también fue condenado en ausencia a 15 años de prisión el exjefe del SIE, el coronel Jorge Nadal, para el que se emitió una orden de detención.

Perú fue condenado en 2009 por el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos por la desaparición de Anzualdo. En esa época, entre 1989 y 2000, la represión del Estado causó más de 69.000 muertes y alrededor de 15.000 desaparecidos. El propio Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por su responsabilidad en las masacres de civiles perpetradas entre 1991 y 1992 por escuadrones de la muerte.

El abogado Carlos Rivera, representante del Instituto de Defensa Legal, consideró que «estos casos y otros que fueron realizados en ese época dan cuenta de una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos como parte de una política de Estado».