12/10/2016

El Parlamento brasileño aprueba congelar 20 años el gasto público

El Parlamento brasileño ha aprobado congelar durante dos decenios el gasto público, incluida la inversión en salud y educación. La medida, denunciada por la izquierda, certifica el giro neoliberal del Gobierno de Temer y es una de las primeras consecuencias del golpe institucional que expulsó de la presidencia a Dilma Roussef, del PT.

GARA|BRASILIA
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BLINDAJE


La enmienda constitucional logró más de 3/5 votos requeridos para su aprobación, por lo que la medida logra un blindaje difícil de romper

MUNICIPALES


La derrota del PT en las municipales ha envalentonado al Gobierno de Temer, que prepara nuevas baterías de medidas neoliberales, entre ellas una draconiana reforma de las pensiones.

El Gobiernos del gigante de América Latina, que como el resto de potencias emergentes sufre ahora con especial virulencia los efectos de la crisis global de 2008 –agravada además por el desplome del precio de las materias primas–, confirma la deriva a la austeridad neoliberal tras 13 años de gobiernos liderados por el izquierdista PT (Partido dos Trabalhadores) e interrumpidos por un golpe institucional que destituyó en agosto a la presidenta legítima, Dilma Roussef, con la excusa de un maquillaje en la presentación de las cuentas públicas.

El proyecto de enmienda constitucional presentado por el Gobierno de Michel Temer fue aprobado por una aplastante mayoría de 366 diputados (de un total de 480), superior por tanto a los 3/5 requeridos.

El texto, elaborado por el ministro de Finanzas, pasará al Senado para ser aprobado definitivamente para fin de año.

Contra toda una generación

La enmienda constitucional, rechazada por 11 diputados (dos abstenciones) establece que el gasto y la inversión pública en educación y salud no podrán en 20 años subir nunca por encima de la inflación, y es duramente criticada por la izquierda, que denuncia que va a agravar dramáticamente la situación ya precaria de grandes capas de la población, en particular las más desfavorecidas.

«Ningún país serio se ata las manos confelando el gasto y la inversión pública durante 20 años. La que va a sufrir es toda una generación», denunció un portavoz de la izquierda.

El antiguo vicepresidente Temer y a la postre quien traicionó a Roussef, saborea su importante victoria tras lograr el voto aplastante a esta medida en primera vuelta. Y se prepara para gobernar hasta las presidenciales y legislativas de 2018.

Pese a que su impopularidad bate records, la derrota del PT en las municipales –en las que perdió casi todos sus feudos– le ha reforzado y le permite presentar los ajustes como su prioridad.

«La aprobación de la reforma es fundamental para evitar la espiral inflacionista y la recesión. La deuda podría llegar al 100% del PIB en 2024 o incluso antes y eso supondría el fin del Estado brasileño», alarmó a finales de setiembre.

Temer asegura que no teme ser impopular y augura que la reforma «contribuirá a relanzar el crecimiento económico y evitará un alza de impuestos».

Según datos del Gobierno, la deuda pública ha pasado del 52% del PIB en 2013 al 70% en agosto. El PIB se contrajo un 3,8% en 2015 y debería caer un 3% en 2016. La cifra de parados se ha multiplido por dos en ese período y supera los 12 millones de personas, más del 11% de la población activa.

Reforma de las pensiones

Ante la que se presenta como la peor recesión de Brasil en un siglo, Temer tiene clara la receta noeliberal y no ha reparado en gastos –el fin de semana pasado invitó a más de 200 diputados a cenar en el palacio presidencial– para lograr el aval a su reforma constitucional.

Pero no le basta y ha anunciado que lanzará en 2017 una reforma de las pensiones que alargará la edad de jubilación y el número de años mínimo de cotización de los trabajadores

El FMI, por boca de su directora general, Christine Lagarde, se muestra eufórico por la adopción de esas medidas. La Bolsa de Sao Paulo cerró el lunes con una subida récord. Doblan las campañas por las clases populares brasileñas.

La persecución judicial total a Lula no cesa

La campaña de persecución judicial contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sumó un nuevo paso con una nueva denuncia de la fiscalía ante los tribunales por sospechas de corrupción.

El Ministerio Público de Brasilia acusó a Lula de cobrar sumas millonarias de la constructora Odebrecht a cambio de haber favorecido a la empresa entre 2008 y 2015, en la recta final de su gobierno y en los años posteriores. Lula tiene otros dos procesos en contra supuestamente por haber recibido pagos ilegales y favores de la constructora OAS y por haber supuestamente ofrecido dinero a cambio del silencio de uno de los testigos que colaboran con las investigaciones de la corrupción en la petrolera Petrobras. También es investigado en torno al escándalo Petrobras.

Su abogado, Cristiano Zanin Martins, denunció que está siendo sometido a persecución jurídica para evitar por todos los medios que se presente a las presidenciales de 2018 para recuperar el poder hurtado al PT. GARA