Tras años estancado en los saturados juzgados de Agoitz, el «caso Egues» está tomando unos derroteros que difícilmente cabía imaginar. Todo por culpa de un ordenador que la teniente de alcalde, Carolina Potau, entregó con el disco duro borrado, pero no destruido físicamente como hizo el PP en el «caso Bárcenas». Se trata de uno de los ordenadores de Andacelay, una empresa pública creada por el Ayuntamiento de UPN para desarrollar nuevas viviendas eludiendo los mecanismos de control público, según denunció la Cámara de Comptos.

En el ordenador que devolvió Potau solo estaba instalado el programa «Contaplus». Todo lo demás, toda la contabilidad de la empresa, se había borrado a conciencia, con ayuda de un informático. El nuevo alcalde de Eguesibar y presidente de Andacelay, Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) –que llegó al cargo después de una moción de censura a José Anastasio Andía debido al aluvión de escándalos de corrupción– intentó recuperar esos datos tras ese borrado tan sospechoso. Ahora, esa labor de investigación puede salirle cara, ya que la juez considera que se pudo vulnerar la intimidad de Potau.

En ese ordenador apareció no solo la contabilidad de Andacelay, sino también la de otra empresa: Laranzor. Laranzor está relacionado Grupo CIN, que ha sido el adjudicatario de numerosos contratos públicos por parte del Ayuntamiento. Además de ello, también aparecieron fotos de comilonas en las que aparecen Potau, Andía y una tercera concejal de UPN, Estefanía Clavero, junto a los propietarios de CIN y los dueños de la constructora Nasipa, cuya insana relación con el Ayuntamiento de Eguesibar había sido denunciada por Comptos ante la Fiscalía. Es decir, Potau estaba trabajando en secreto para el grupo empresarial al que se estaban derivando contratos públicos y, además, llevaba la contabiliad en el ordenador que le había facilitado el propio Ayuntamiento.

Esquivando los aforamientos

Finalmente, a Potau le ha salido redonda la jugada de eliminar la documentación. Ahora, la juez está citando a declarar al alcalde y los concejales de la oposición acusados por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Lo está haciendo, además, al estilo de la juez Mercedes Alaya en Andalucía, es decir, regateando los aforamientos. En realidad, la decisión de indagar en busca de más pruebas de la connivencia entre los responsables de UPN y estos empresarios fue una decisión colegiada en la que tomaron parte dos aforadas: la parlamentaria de EH Bildu Miren Aranoa y María Chivite, que entonces era senadora del PSN y hoy ejerce también de parlamentaria en Iruñea. Sin embargo, la juez instructora les ha sacado de la causa de forma un tanto arbitraria para que el caso no vaya al Supremo.

Ayer le tocó el turno de declaración al informático que colaboró en el rescate de aquellos datos. Federico Albero relató a la juez que necesitó emplear varios programas para poder recuperar lo borrado, que Potau se esmeró en la destrucción de datos y que solo pudo recuperar parcialmente el contenido de dicho ordenador. Asimismo, dejó en evidencia el papel activo de la senadora Chivite, que le felicitó personalmente por todo lo que había destapado.

Según el relato del informático, con el material recuperado se hicieron tres copias. Dos de ellas se pusieron a disposición de la denuncia que existía por corrupción (una fue entregada directamente al juzgado y la otra, a la Fiscalía). En cuanto a la tercera, se incluyó al archivo de la empresa pública a la que pertenece el ordenador. Este proceder, sin embargo, no elude un presunto delito de descubrimiento de secretos, a juicio de la juez instructora. Este eventual descubrimiento, afectaría únicamente al alcalde Etxeberria –que ha declarado como investigado– y al informático.

Con aquellos datos se realizó después una rueda de prensa en la que participaron los partidos (incluido el PP) que han investigado la trama de las concesiones, a excepción –claro está– de UPN. A ojos de la juez, todos podrían haber incurrido en un delito de revelación de secretos que, si sigue en adelante, acabará llevando el caso al Supremo. Esto haría que la investigación, interpuesta en el año 2011, se eternizara.

Además de los posibles delitos de revelación de secretos y de descubrimiento, también está en juego si los datos recuperados de esta forma serán válidos o no en un futuro juicio contra Potau, Andía y Clavero. Cabe recordar que, en su momento, Andía eludió una condena después de haber invertido (y perdido) 100.000 euros en preferentes del banco para el que trabajaba. Precisamente, esos 100.000 euros provenían de la empresa Andacelay, cuya contabilidad debiera haber aparecido en el ordenador de Potau.