El «caso Cabieces» ya tiene sentencia. La Audiencia Provincial de Bizkaia condena a seis meses de prisión y una multa de 4.500 euros al expresidente de Kutxabank Mario Fernández y al abogado Rafael Alcorta por un delito de «apropiación indebida» por los pagos irregulares por importe de 243.592 euros –5.783 euros mensuales durante tres años– a cuenta de Kutxabank al exdelegado del Gobierno español en la CAV Mikel Cabieces. Este último ha sido condenado a un año de prisión y al pago de 9.000 euros por cooperación necesaria.

A Fernández se le ha aplicado la atenuante de reparación del daño causado al pagar de su bolsillo, una vez fue cesado de su cargo en Kutxabank, los 243.592 euros en los que se cifró el perjuicio a la entidad bancaria que presidió durante los pagos a Cabieces.

Los tres acusados son absueltos de la acusación de «falsedad en documento mercantil».

La Audiencia considera probada «la participación voluntaria y consciente de los tres acusados en una acción destinada, exclusivamente, al favorecimiento económico del acusado Mikel Cabieces, con cargo a los fondos de Kutxabank», sin que el ex delegado del Gobierno realizara trabajo alguno para el banco.

Concreta, tal y como quedó acreditado durante el juicio, que «no consta un solo dato de la intervención» del expolítico como colaborador en el bufete de Alcorta, «ni asistencia a reuniones, ni redacción de informes», ni redactó escritos que pudieran justificar que realizó algún tipo de asesoramiento para Kutxabank. El propio Cabieces describió como labores de documentación anotaciones en post-it y documentos de word que no constan en ninguna parte.

«Se trataba, lisa y llanamente, de una ayuda económica para Cabieces, no del refuerzo de ningún servicio para Kutxabank», concluye. Por lo que estima que «los hechos han de entenderse alojados, sin ninguna duda, en el delito más grave de apropiación indebida».

Una irregularidad «normal»

La sentencia da por probado que, a primeros de 2012, una «personalidad relevante del mundo político» hizo una llamada al entonces presidente de Kutxabank para proporcionar al delegado del Gobierno español saliente «una salida u ocupación laboral en el ámbito privado».

Durante el proceso, los acusados insistieron en la «normalidad» del procedimiento. El propio Fernández expresó que le pareció una petición «razonable» porque no era la primera vez que se hacía algo así para «proteger a personas que habían estado en la primera fila en la lucha contra el terrorismo».

Fernández ordenó al director de Recursos Humanos del banco que se abonase a Cabieces durante tres años 5.783 euros mensuales, más otros 900 euros en concepto de «gastos de viaje». Para dar «cobertura» a estos pagos Cabieces se incorporó formalmente al despacho de abogados de Alcorta, quien emitía las facturas mensuales de un «colaborador» que acudía «esporádicamente a su despacho». Alcorta cobraba a Kutxabank y pagaba a Cabieces con el dinero de la entidad. La sentencia subraya que Fernández «no pretendió en ningún momento un reforzamiento de la asesoría y asistencia jurídica de Kutxabank en materia laboral». Simplemente, ordenó los pagos «haciendo uso de su autoridad».

Nada más conocerse la sentencia, Fernández informó en un comunicado que recurrirá argumentando que su actuación al frente de Kutxabank ha sido «legal y ética y siempre en defensa de los intereses de Kutxabank». «Voy a recurrir porque nunca, y así ha quedado acreditado, he actuado atendiendo a mis propios intereses», apostilló.

 

La acusación popular, satisfecha por las sanciones ante los «tratos de favor»

La acusación popular del «caso Cabieces», formada por LAB ESK, Steilas, EHNE Bizkaia, Hiru, Pentsionistak Martxan y EKA-OCUV, manifestó ayer su satisfacción por las condenas a Fernández, Cabieces y Alcorta. La acusación popular, que demandaba entre dos y tres años de prisión, valora que «finalmente las personas que cometieron el delito de apropiación indebida, han sido condenadas». Su objetivo, según indicó en un comunicado, era que «los tratos de favor que en el contexto de la privatización de las cajas vascas se cometieron en Kutxabank no quedaran impunes y que quienes sin ningún tipo de contrapartidas laborales, como el caso de Cabieces, recibieron sueldos millonarias fraudulentos fueran condenados penalmente».

Por su parte, EH Bildu considera que todo lo acontecido en este caso debería tener consecuencias políticas. A juicio de la coalición, queda demostrado que «la gestión que se realizó en Kutxabank tenía como objetivo proteger a amigos, así como salvaguardar y pagar intereses políticos. Es decir, se ha demostrado que PNV y PSE utilizaron Kutxabank y su capital para pagarse favores políticos mutuos, escudándose para ello en el carácter privado de la entidad, que estos partidos (junto al PP) pactaron previamente». Afirma que la responsabilidad primera es de las personas condenadas y señala que ha quedado probado el carácter político de las decisiones que se tomaron, por lo que «no entendería que esta sentencia no conllevase la asunción de responsabilidades políticas por parte de representantes de estos tres partidos».GARA