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La huelga general contra las reformas neoliberales de Temer impacta en todo Brasil

La huelga general convocada por los principales sindicatos y movimientos sociales de Brasil en contra de las reformas neoliberales impulsadas por el Gobierno de Temer se dejó sentir ayer en todo el país.

Brasil, uno de los países con mayor tradición sindical en el continente americano, vivió ayer una huelga general, la primera desde que en 1996 se paró y se ocuparon las calles para protestar contra el desempleo y los bajos salarios, contra las políticas neoliberales impulsadas por el presidente, Michel Temer, contra las conquistas sociales, sobre todo las reformas laboral y del sistema de pensiones.

Las principales centrales sindicales y organizaciones sociales buscaban paralizar la producción y los servicios en todo el país. A ellos se unieron incluso gremios docentes y sanitarios, centrales metalúrgicas y bancarias del sector privado y algunos jerarcas de la Iglesia católica. La clave era la adhesión de los sindicatos del transporte en las 27 capitales estatales. Según diversas fuentes, la huelga tenía mayor intensidad en Sao Paulo, corazón financiero e industrial del país y fortín de las mayores centrales obreras. En Río de Janeiro la adhesión del transporte era menor, mientras que en Brasilia la circulación de autobuses era mínima.

La principal causa del descontento es la reforma del sistema de pensiones, aún en trámite parlamentario, que propone ampliar los periodos de contribución y aumentar la edad mínima de jubilación para tener derecho a una pensión, pero el malestar también ha sido alimentado por otras medidas impulsadas por Temer. Entre ellas, el techo de gasto para los próximos 20 años y la ley de «tercerización» que permite convertir a los trabajadores en prestadores de servicios para cualquier actividad –ya aprobadas– o la reforma laboral, avalada en primera instancia esta semana.

Esta reforma que flexibiliza el mercado laboral abarata la mano de obra, da carácter formal a convenios colectivos aún cuando no se ajusten a la ley, abre la posibilidad a extender la jornada laboral hasta las 12 horas diarias, reduce o impide la protección sindical y elimina la con- tribución obligatoria de los trabajadores a los sindicatos.

Legaliza lo ilegal

Un proyecto que legalizará una serie de prácticas hasta hoy consideradas ilegales en Brasil, denuncian sus detractores.

Según los sindicatos y hasta el Ministerio Público del Trabajo, esas medidas atentan contra derechos consagrados en la Constitución y suponen un «retroceso» que anula «conquistas históricas» de los trabajadores.

El Gobierno, por su parte, sostiene que son claves para «modernizar» la legislación laboral, transmitir confianza a los inversores, impedir la quiebra del deficitario régimen de pensiones y jubilaciones y devolver el equilibrio a la maltrecha economía del país, en una profunda recesión desde 2015. También sostiene que permitirán combatir el desempleo, que en el primer trimestre del año llegó al 13,7%, lo que supone que 14,2 millones de brasileños están sin trabajo.