El director de Amnistía Internacional en el Estado español, Esteban Beltrán, acompañado de otros miembros de la asociación, se reunieron ayer con el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el secretario general de Convivencia y Derechos Humanos, Jonan Fernández, para hacerles entrega de un informe sobre el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos, como la tortura, circunscrito a Euskal Herria. Copia del mismo le fue remitida también al ministro de Justicia, Rafael Catalá, con quien desearían también tener un encuentro.

Las bases de este informe son dos. Por una parte, la constatación de que la práctica de la tortura ha existido sin ser debidamente perseguida, por lo que los gobiernos deben reconocerlo públicamente y reparar a las miles de víctimas existentes. Por otra, valorar positivamente la Ley de víctimas de la violencia estatal aprobada por el Parlamento de Gasteiz en junio de 2016, certificar que se atiene a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y exigir por tanto que no prospere el recurso presentado por Madrid ante el TC.

Cuatro peticiones

A la salida del encuentro, Esteban Beltrán hizo declaraciones ante los medios y Amnistía Internacional hizo públicas cuatro peticiones.

En la primera de ellas exige al Gobierno español que «no obstaculice» iniciativas legislativas de Ejecutivos autonómicos –tiene recurridas sendas leyes de los parlamentos de Gasteiz e Iruñea– que «cumplen con las obligaciones internacionales del Estado destinadas a conseguir garantías para el derecho a verdad, justicia y reparación, y garantías de no repetición a las víctimas de tortura y otros malos tratos».

Amnistía Internacional demanda que «tanto el Gobierno central como el Gobierno vasco hagan un reconocimiento público del daño causado por la tortura y otros malos tratos en el contexto de la lucha antiterrorista contra ETA, y que lancen un mensaje claro de que los malos tratos a personas detenidas no serán permitidos».

En este sentido, Esteban Beltrán reconoció que Lakua había dado pasos con informes encargados y con la Ley de víctimas de la violencia estatal.

Ante la constatación de la negativa incluso a reconocer la práctica de la tortura, «que no fue un fenómeno aislado, sino algo extendido en el contexto de la lucha antiterrorista», Amnistía Internacional pide datos. Exige que «de manera exhaustiva y unitaria, recojan y publiquen datos oficiales detallados y desglosados sobre la aplicación de la tortura, que permitan evaluar la respuesta ofrecida por las autoridades políticas, legislativas y judiciales, tanto a nivel estatal como en el País Vasco, a las víctimas directas y a sus familiares».

Solicita también «que se revise toda la legislación vigente para asegurar que las víctimas de esta grave violación de derechos humanos tienen garantizada su reparación de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos».

Obligación del Estado

Esteban Beltrán incidió durante su intervención en que estamos en un «momento clave» puesto que el TC debe pronunciarse sobre el recurso presentado por el Gobierno español contra la ley vasca, que AI considera acorde con la normativa internacional.

Criticó que el Ejecutivo de Rajoy la hubiera recurrido, más aún cuando el Estado no propone medidas alternativas para reconocer y reparar debidamente a las víctimas de tortura, como es su obligación.