Oihane LARRETXEA
DONOSTIA
FOSAS COMUNES Y DERECHOS HUMANOS

Exhumar la verdad: el camino se recorre con miedos y voluntades

La Ley de Memoria Histórica fue un «punto álgido» hacia la verdad, pero lo cierto es que «hay provincias donde no se ha intervenido en las fosas comunes por miedo», afirma Paco Etxeberria. También existe un protocolo de exhumaciones, pero el elemento fundamental sigue siendo la voluntad institucional. Aún hay mucho camino por recorrer.

La primera exhumación en el Estado español para recuperar los restos de víctimas de la guerra del 36 se realizó en el año 2000, en un pequeño pueblo de la provincia de León. Se removieron las tierras bajo un nogal, en una cuneta a la entrada del municipio para rescatar los huesos de trece personas. Hoy cuesta creerlo, pero entonces, términos como la «memoria histórica» no existían en los medios, en los buscadores de internet, recuerda el médico forense Paco Etxeberria.

En este camino no exento de dificultades inducidas para recuperar los restos de los seres queridos, conocer la verdad y repartir justicia ha habido «puntos álgidos», como la misma Ley de Memoria Histórica de 2007, pero el médico forense reconocía ayer en el curso de verano en Miramar que han sido las propias exhumaciones y la identificación de las fosas comunes las que han dado un impulso verdadero a este proceso.

En base a los datos que aportó, hasta 2016 se han recuperado los restos de unas 5.000 víctimas, y al mapa de las fosas del Ministerio de Justicia español de 2011 se han incorporado 2.457 fosas hasta este 2017. Hay 480 no intervenidas, 250 que han desaparecido –por razones varias, como obras, movimientos de tierras, construcciones…– y 500 han sido trasladadas al Valle de los Caídos.

A través de la ponencia “Estado actual de las exhumaciones de la Guerra Civil: aportaciones a los derechos humanos”, Etxeberria arrojó luz sobre los trámites, las subvenciones y el papel de las diferentes administraciones, entre otros. En ese sentido, apuntó que, a nivel estatal, «han sido más los años en que no ha habido apoyo institucional»; no así en la CAV, agregó, donde ha existido «una línea de apoyo» impermeable a los cambios en el Gobierno de Gasteiz. «Aquí las autoridades piensan de otra forma», afirmó.

Los miedos del 78 hoy

49 fueron las exhumaciones que se practicaron el mismo año en que entró en vigor la citada ley, «una ley necesaria pero insuficiente» porque se queda corta, opinó Etxeberria. Tiene sus «bondades», admitía, pero no olvida los tres borradores que se elaboraron hasta que al fin el definitivo nació. Recuerda los temores que hubo, «también del PSOE. Resultó un texto recortado. Los miedos del 78 llegaron al 2007».

También hubo miedos con el protocolo para realizar exhumaciones. Escrito hacia 2006, no vio la luz hasta cinco años después. «Nunca entenderé esta demora. El borrador se pasó a limpio y dio miedo ponerlo en el Boletín. Se esperó hasta 2011».

El cambio en la legislación también trajo nuevos procedimientos. Por ejemplo, la información generada por asociaciones memorialistas y otras entidades en investigaciones, estudios o exhumaciones es remitida al Ministerio de Presidencia, este se lo envía a Cultura, que a su vez lo hace llegar al Centro Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca. Pero los pasos no siempre se han cumplido; de hecho, hay muchas lagunas. «Hemos comprobado que no todo lo que hicimos entre 2006 y 2011 ha llegado al archivo, y esto es una vergüenza. ¿Donde están los documentos?, ¿Qué funcionario en Madrid lo ha traspapelado?», se preguntó. «Esto no es cuestión de tener recursos, sino de tener perspectiva», dijo.

Otras tantas lagunas han detectado en las ayudas públicas a la Memoria Histórica. Según los datos del Ministerio de Presidencia, en 2006 se concedieron 3 millones de euros, pero solo el 23% se destinó a las fosas. En 2008 y 2009 fueron casi cuatro millones, pero apenas una partida del 27% y del 37%, respectivamente, se empleó en este cometido. «¿Para qué sirvió la otra parte, alguien lo sabe?», planteó. «Si del material que hemos generado nosotros no todo ha llegado a Salamanca, ¿alguien sabe dónde está todo lo demás que se generó con el resto del dinero?».

Crear equipos específicos

A la ley de 2007 se le suman normas, reglamentos y otros planes autonómicos. Citó las de Nafarroa, Baleares y Catalunya; en Valencia y Andalucía, cuyo contenido, avanzan, es «atrevido», están al caer. Las voluntades son importantes y que éstas se traduzcan en medios. Propone crear equipos estables de investigación «porque el Estado no tiene a gente preparada». «En vez de repartir el dinero ‘para lo que necesitéis’, que se configuren equipos estables. Llame a quien necesite y póngales a trabajar: arqueólogos, genetistas, patólogos… calculo que en dos legislaturas se podría acabar con las fosas comunes si se hiciera así, y costaría menos que de la otra forma», concluyó.

 

Lo complicado de abrir los archivos

En el transcurso de las investigaciones, y a lo largo de los años, han sido muchas las dificultades que han combatido las asociaciones memorialistas y otros equipos. Citó Etxeberria el caso vivido en el registro civil de Gernika, donde la jueza se negó a facilitar una información concreta. Lograron la negativa por escrito y el asunto fue llevado al Congreso. Estos hechos, antes habituales, no pueden ocurrir desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica.

También recordó las constantes negativas de la Guardia Civil a abrir sus archivos a los investigadores, por eso, cree que, «respecto a algunas estructuras del Estado, no creo que puedan hacer algunas de las tareas» en estos procesos. «A nadie se le ocurre que los Carabineros de Chile investiguen los desaparecidos, ¡si estaban implicados! Y no quiero decir que la Guardia Civil hoy lo esté, pero la institución si; hay que buscar equipos independientes, es una de las claves», cree.GARA