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La AN criminaliza la movilización ante el 1-O como forma de sedición

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, conocida en Euskal Herria por haber instruido como «terrorismo» la riña de bar de Altsasu, criminaliza las movilizaciones de apoyo al referéndum en un auto en el que rechaza enviar la causa a Barcelona. Se lo habían pedido Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de ANC y Òmnium Cultural, respectivamente. Lamela no se limita a denegarlo, sino que además reafirma el delito de «sedición» y considera criminalizables concentraciones como la del 20 de setiembre ante el Departamento de Economía (de respuesta a las detenciones y registros) porque buscaba una dimensión «que pudiese arrastrar a la masa de indecisos».

Indica Lamela que estas movilizaciones de los días 20 y 21 se enmarcan dentro de una estrategia compleja en la que Sànchez y Cuixart tenían un papel destacado y que buscaba desarrollar una hoja de ruta para lograr la independencia. «La finalidad última era la de conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes los intervinientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto y, en particular, de la norma fundamental de todos los españoles, la Constitución», indica el auto de la magistrada.

Para ejemplificarlo, Lamela cita las palabras que pronunciaron Sànchez y Cuixart ante los manifestantes el día 20 de septiembre, instándoles a continuar con la movilización: «El 1 de octubre votaremos; si nos quitan las urnas, las construiremos», dijo el presidente de la ANC. «Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa», afirmó el dirigente de Òmnium. Estas palabras suponen pruebas del delito para Lamela.

Añade que «la nueva información obtenida» permite concluir que los hechos citados «no suponen un hecho aislado como quieren hacer parecer» los investigados, sino que «se enmarcan dentro de una estrategia compleja con la que desde hace tiempo vienen colaborando» los dos presidentes de las entidades ciudadanas, y «donde ambos forman parte de un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar».

En esta supuesta estrategia, «su actividad, tras la aprobación de las leyes de desconexión y de la ley de convocatoria del referéndum, resultaba esencial para dirigir todas las sinergias independentistas en una misma dirección que culminase con la movilización de la totalidad de la sociedad catalana que comulgaba con la tesis soberanista y que esta movilización fuera de tal envergadura que pudiese arrastrar a la masa de indecisos», prosigue el auto.

Por otra parte, Carmen Lamela insiste en su auto en que efectivamente todos los delitos de sedición no se investigan en la Audiencia Nacional, pero subraya que en este caso concreto lo que se persigue es cambiar ilegalmente la organización del Estado, tal y como ya apuntó cuando admitió a trámite la denuncia de la Fiscalía para indagar los incidentes.

«Lejos de ello, lo que vienen a confirmar [los argumentos de Sànchez y Cuixart] es la tesis de esta instructora de que no todos los delitos de sedición son competencia de la Audiencia Nacional, sino únicamente aquellos que, además de atentar contra los bienes jurídicamente protegidos que le son propios, puedan suponer al mismo tiempo una ofensa contra la forma de gobierno», expone.

Trapero, Cuixart y Sànchez, a Madrid de nuevo el lunes tras un atestado de la Guardia Civil

La comparecencia judicial del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y los presidentes de ANC y Òmnium el viernes 6 de octubre se saldó sin medidas cautelares, pero ya entonces se indicó que volverían a ser citados porque aparecerían nuevas «pruebas». Un informe extra de la Guardia Civil ha servido a la jueza Lamela para volver a llamarles a su despacho este próximo lunes, junto a la intendente policial Teresa Laplana. La GC acusa a los Mossos de «mantener una actitud pasiva»

ante situaciones de presuntas agresiones físicas a sus agentes.GARA