Una de las palabras de moda tras el 21D para resumir lo que pasa en Catalunya es «legitimismo». Tanto la victoria del independentismo como la de Puigdemont dentro de este bloque se entienden así en términos de restauración de la institucionalidad previa a la aplicación del 155. Y luego ya se verá, porque no está claro.

Lo que sí está claro es que en unas elecciones convocadas por Mariano Rajoy en el ejercicio de la «Direct Rule», con las instituciones intervenidas, con presos políticos y exiliados, con un 82% de participación… el president Puigdemont pidió que la sociedad restaurase democráticamente los poderes que el Estado habían usurpado. Y así sucedió.

El legitimismo casa bien con una lectura histórica del procés. Busca sus raíces en los otros líderes del pueblo catalán que tuvieron que huir de la persecución política, como Francesc Macià y Lluís Companys. Sin duda, la legitimidad siempre será un valor central a la hora de confrontar con el autoritarismo del Estado.

Es evidente que Puigdemont es el legítimo president, pero en clave política es, además, el interlocutor principal del país.

En el contexto del 1-O en Madrid ya habían vetado y daban por amortizado a Puigdemont. Antes de defenestrarlo, Rajoy retiró al president su condición de interlocutor válido. Los resultados del 21D debían refrendar, entre otros muchos sueños autoritarios, ese veto. Por el contrario, las elecciones han abierto un nuevo ciclo político en el que el independentismo debe reconducir su hoja de ruta, renovar liderazgos y afinar su estrategia. Todo en condiciones de excepcionalidad jurídica.

La multilateralidad será, muy probablemente, parte de esa estrategia: con la UE, con Madrid, con otras naciones sin Estado, con la ONU, con los tribunales… En términos de relato y de épica, el legitimismo es muy potente, pero en términos puramente políticos, lo que no se puede permitir ningún movimiento es que el enemigo vete y elija a sus interlocutores.