La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los derechos de las mujeres, Margarette May Macaulay, señaló en un informe que es necesario «revisar detenidamente las condenas» de cada una de las 27 mujeres, todas pobres, encarceladas por haber abortado, algunas con penas de que asciendes hasta los 30 años.

La revisión de legislación, una de las más restrictivas del mundo junto con Polonia, Nicaragua o Irlanda, debería hacerse con «miras a asegurar el juicio justo y libre de estereotipos a cada una de las mujeres» y que «de probarse lo contrario, a poner en libertad a estas mujeres», indicó Macaulay en las conclusiones de su visita de noviembre pasado a El Salvador.

Para la relatora de la CIDH, muchas mujeres que sufren complicaciones obstétricas o abortos espontáneos «son condenadas por homicidio agravado», todo sobre la base de la sospecha «de haberse inducido un aborto y en posible violación de su derecho al debido proceso».

Macaulay exhortó además a El Salvador a emprender una moratoria «a la aplicación del artículo 133 del Código Penal», que prohíbe totalmente la interrupción del embarazo con entre dos y ocho años de cárcel.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al-Hussein, ya pidió en noviembre al Gobierno de Salvador Sánchez Cerén una moratoria por considerar que es una violación de los derechos de las mujeres.

Sin embargo, fiscales y jueces en El Salvador tipifican los casos de aborto o incluso la pérdida del bebé como «homicidio agravado», un delito penado con entre 30 y 50 años de prisión.

En diciembre pasado, un tribunal confirmó la condena de 30 años de prisión a la salvadoreña Teodora Vásquez por un delito de homicidio agravado, pese a que organizaciones prodefensa del derecho al aborto aseguran que la mujer sufrió un parto intempestivo.

Desde octubre de 2016, el Congreso de El Salvador estudia una propuesta para despenalizar el aborto en casos de violación, cuando se ponga en riesgo la vida de la madre o por inviabilidad de supervivencia del feto.

La iniciativa se encuentra estancada por la inmediata reacción de los partidos ultraconservadores y de las organizaciones civiles que defienden el aborto.

A pesar de ello, la relatora de la CIDH instó a El Salvador a «adoptar una legislación dirigida a garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos».