Representantes de Pentsionistak Martxan de Bizkaia y Nafarroa, Gipuzkoako Duintasuna Elkartea y Arabako Pentsionistak Lanean comparecieron ayer en Bilbo para saludar la creciente movilización en contra de la subida del 0,25% en sus pensiones, que sitúan en el «hartazgo» por la progresiva pérdida de poder adquisitivo y unas perspectivas nada halagüeñas para un colectivo de 680.000 personas, que supone el 25% de la población del sur del país. Como lo llevan haciendo desde hace años, reclaman a los gobiernos de Madrid, Gasteiz e Iruñea la implantación de una pensión mínima que «garantice los derechos básicos de las personas».

Acusan a las instituciones vascas de compartir con el Ejecutivo español responsabilidad en la precariedad que viven miles de familias, con mención especial a la situación de las mujeres. «Algunas cobran menos de 700 euros. Se llevan la peor parte», denunciaron.

Consideran que las movilizaciones que se repiten todos los lunes en muchas localidades son una respuesta a las reformas de las pensiones impulsadas por PSOE y PP: «Hay un sentimiento de rebelión porque se nos mantienen las pensiones en pérdida de poder adquisitivo de forma permanente y en el futuro están limitándolas a un crecimiento anual del 0,25%».

Las plataformas animaron a sumarse a las movilizaciones del lunes 19, al mediodía, y a la convocada para el jueves 22 en Bilbo, también a las 12.00, en la que marcharán desde la casa consistorial hasta la subdelegación del Gobierno español, en la plaza Elíptica, donde entregarán las cartas en las que les han informado de la subida del 0,25% en su pensión.

«Se prolonga la vida laboral para alcanzar el derecho a la jubilación, se recortan las pensiones en origen por la aplicación del factor de sostenibilidad, se retrasa de 52 a 55 años la edad para poder tener acceso al subsidio de mayores sin recursos, se reduce el valor de las pensiones de viudedad, se nos aplica el copago sanitario, se pierde el IPC como valor de cálculo para la revisión anual de las pensiones, se agota la reserva de la caja de las pensiones para rescatar a los bancos... la gente lo está sufriendo día a día», subrayaron de cara a justificar el creciente grado de «hartazgo» en el seno de este colectivo.

Aunque algunos agentes pretenden circunscribir las protestas al aumento del 0,25%, las plataformas entienden que van más allá. Por ello, abogan por mantener la movilización hasta que los responsables institucionales comprendan la necesidad de una pensión mínima de 1.080 euros, tal y como recomienda la Carta Social Europea para Hego Euskal Herria.

Un aval de 80.000 firmas

Recordaron que «no hace mucho tiempo» presentaron esa petición ante los parlamentos de Gasteiz e Iruñea, avalada por cerca de 80.000 firmas. A pesar de que PNV, PSOE, UPN y PP votaron en contra, las plataformas indicaron que piensan continuar movilizándose hasta lograr su objetivo.

Su tabla reivindicativa incluye, además, la restauración del IPC como factor para la revisión anual de las pensiones y la reivindicación de un sistema propio de protección y seguridad social «que nos garantice tanto ahora como en el futuro unas pensiones públicas dignas».

«La gestión de las pensiones públicas que lleva a cabo el Gobierno de Madrid no nos garantiza el futuro, puesto que no solo reduce su valor, sino que nos presiona para que hagamos planes de pensiones privados. Están hundiendo el sistema de protección social y no tienen prevista ninguna alternativa real», alteraron. En su opinión, es necesario un cambio de sistema y modelo.

«Necesitamos un sistema más cercano, que surja de nuestras decisiones y que tenga capacidad legislativa, no de mera gestión, en materia de ingresos, gastos, reparto de la riqueza generada. El seguir dependiendo del Estado, también en materia de pensiones, supone perpetuar la situaciones de pensionistas pobres», advirtieron.

Las plataformas se muestran dispuestas a seguir movilizándose, respetando que hay una «pluralidad» de planteamientos entre los participantes.