La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria presentará el viernes en el Parlamento de Gasteiz y en los próximos días en el navarro una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la pobreza y exclusión social, en la que solicitará medidas concretas para «mejorar la realidad de los ingresos mínimos» de manera que se retome la referencia del Salario Mínimo Interprofesional en la RGI y en la Renta Garantizada en Nafarroa. También reclaman reconocer el derecho a acceder a una vivienda de alquiler social.

En rueda de prensa, Mikel Noval indicó que a pesar de la lectura crítica que hacen de la ILP como un mecanismo con «limitaciones», es de los «pocos» instrumentos que permiten poner «en el centro del debate político» este tipo de cuestiones a través de una propuesta de texto legal. Para ello se requieren 10.000 firmas en el caso de Gasteiz y unas 5.000 en el navarro, «aunque nuestros objetivos serán superar con creces estas cifras», destacó el portavoz.

Una vez recopiladas las adhesiones y superados los trámites en las mesas de ambas cámaras, la Carta de Derechos Sociales intentará contar con tiempo «real y efectivo»&flexSpace;entre abril y julio para llevar a cabo una campaña «importante» en los cuatro herrialdes del sur.

«Tienen competencias»

Siempre con el objetivo de atajar la pobreza y la exclusión social, en lo que respecta a los ingresos mínimos la ILP planteará «medidas encaminadas a retomar la referencia del Salario Mínimo Interprofesional, que en la ley que se aprobó en su día en el Parlamento Vasco todavía se mantiene, pero que a través de los presupuesto, año a año se elimina y se desindexa el SMI en la RGI».

En ese sentido, la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria solicitará que las personas que viven solas tengan unos ingresos garantizados equivalentes al 100% del SMI, así como «una mejora sustancial» de la escala para que las unidades convivenciales de dos personas tengan unos ingresos del 150% del SMI y las de tres o más personas dispongan de ingresos garantizados de «dos veces el SMI». Todo ello con el objetivo añadido de «revertir» los recortes de los últimos años.

En materia de vivienda, se pretende el reconocimiento de manera «efectiva»&flexSpace;del derecho de la ciudadanía a que las instituciones les ofrezcan una vivienda de alquiler social, apostillando que «en ningún caso ese derecho pueda ser sustituido por una dotación económica, que en la realidad existente no cubre para nada los costes que tiene una vivienda de alquiler».

«Las instituciones de Euskal Herria tienen competencias para adoptar políticas que protejan a la ciudadanía en estas materias», subrayan desde la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria. «Solo hace falta voluntad política, que queremos forzar a través de esta ILP», resumió Mikel Noval.