La nieve, invitada de última hora, alteró el orden del día: las manifestaciones convocadas en las tres capitales de la CAV por los sindicados de la Administración foral y municipal tuvieron que ser reducidas a concentraciones locales por los problemas que ayer se registraron en las redes de transporte colectivo.

A las doce del mediodía en punto, el Boulevard era lugar de encuentro de empleados del Ayuntamiento de Donostia y de la Diputación de Gipuzkoa. Firmada por ELA, LAB y Bazkuna, una pancarta pedía garantías para el empleo y los servicios públicos. Igor Eizagirre, secretario general de la federación de servicios públicos de ELA, indicó que desde el año 2011 se han destruido 3.400 empleos en el sector. Y dijo más: uno de cada tres trabajadores de ambas administraciones es eventual o interino.

«Han empeorado nuestras condiciones laborales, se nos niega el derecho a la negociación colectiva y la pérdida de poder adquisitivo es evidente. Y todo esto ocurre bajo la coartada de Eudel», se quejó.

Su prioridad, indicó, es revertir la situación y recuperar el empleo destruido. El grueso de estos puestos, explicó, se han privatizado. «Y esta privatización tiene cara de mujer», advirtió. Preguntado, precisamente, sobre la cada vez más habitual externalización de servicios públicos y que centra las recientes protestas de los sindicatos, Eizagirre se mostró contundente en declaraciones a GARA: «En la Administración de Hego Euskal Herria, en el sector público, hay más de 90.000 personas subcontratadas». Esto implica, en palabras del representante sindical, mayor precariedad, peores condiciones laborales y mayor tasa de interinidad. También desciende, a su vez, la inversión en salud laboral.

Las centrales consideran que no es casual que los servicios que se externalizan tengan que ver con los cuidados y los servicios sociales. Citaba de nuevo los rostros de las mujeres, quienes padecen especialmente estas situaciones. «Nos dicen que se batalla contra la brecha salarial, pero estas decisiones demuestran justamente lo contrario», apuntó Eizagirre.

Desde el sindicato Bazkuna, con representación en la Diputación guipuzcoana, Pilar Gracenea se quejó de que las conversaciones por un nuevo convenio se han prolongado durante un año y no se ha logrado cerrar un acuerdo por la falta de voluntad de la parte contratante. Su principal pelea también pasa por reducir la interinidad, que afecta al 36% de la plantilla foral. Hay contratos «de todo tipo» en lo que a temporales respecta, afirmó. También se dan otros casos más extraños: las jubilaciones de personas que son interinas desde el año 93, por ejemplo. O los puestos fijos que se sustituyen con contratos eventuales.

Seguimiento alto

Pese a los cambios en las convocatorias, el propio seguimiento de los paros fue satisfactorio para los sindicatos convocantes, aunque criticaron los servicios mínimos «abusivos» establecidos por el Gobierno de Lakua en algunos ámbitos como las residencias municipales y forales, fijados en un 70%.

En el Ayuntamiento de Bilbo el seguimiento fue cercano al 80% y la Administración foral y local estuvo paralizada, en parte también por la nevada. El tiempo pasó factura igualmente en Gasteiz, donde, según la responsable de ELA en Araba, Begoña Vázquez, trabajadores de varios departamentos municipales y forales que tenían previsto secundar los paros de cuatro horas no pudieron participar en la protesta. En la capital donostiarra solo participaron empleados de la propia ciudad; el resto se concentró cerca de sus lugares de trabajo. Para entonces, la nieve había dado una tregua.