Iñaki Egaña
Historiador
GAURKOA

Que se vayan (I)

Diversos informes de la Guardia Civil, entre ellos los que ha realizado a cuenta de la riña nocturna de Altsasu por la que imputaron a 8 jóvenes de la localidad, afirman que la campaña “Que se vayan” fue inventada y desarrollada por ETA y sus «satélites». Declaración rotundamente falsa. Cuando ETA nació, 1958, la campaña ya tenía al menos 25 años de recorrido. Y el nombre explícito de «Que se vayan / Alde Hemendik», lo propuso en 1978 la coalición Euskadiko Ezkerra que, como es sabido, concluyó su recorrido político integrada en el PSOE, en tiempos de Felipe González.

Desde la época de la Segunda República, por no citar tiempos anteriores, la presencia de la Guardia Civil había sido contestada por amplios sectores de la población navarra que pidió, según coyunturas y agentes sociales o políticos, su «disolución», «expulsión del territorio» o «sustitución por policías forales».

El resumen de más de 80 años de esa reivindicación llegó hace un par de años y lo dio el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, sala de lo Civil y Penal, en el auto nº18/2016 que sobreseyó las diligencias abiertas contra Hasier Arraiz, «porque las frases proferidas por el querellado respecto a la Guardia Civil –la reclamación histórica de una parte de la sociedad vasca de que abandone el País Vasco– aunque supongan el rechazo de la propia existencia del Cuerpo, simple y llanamente por lo que es: un Cuerpo de Seguridad del Estado, evidentemente rechazables moral y socialmente, no pueden ser sancionadas penalmente, a riesgo, claro está, de perjudicar la pluralidad ideológica de nuestro sistema».

En el propio Altsasu, en octubre de 1934, la Guardia Civil detuvo a Constantino Salinas, médico, vicepresidente de la Diputación Foral y dirigente del PSOE, mientras participaba en una manifestación. Desde la puerta del bar Txoko, el obrero Emilio Igusquiza Gómez, que se encontraba con su hijo Justiniano en brazos, de 14 meses, afeó la conducta de los agentes. Uno de ellos le disparó tres tiros que le causaron la muerte instantánea. El hecho produjo gran consternación en Altsasu y repetidas manifestaciones contra la Guardia Civil de todo el espectro político. Se cantó una jota escrita por sindicalistas de la UGT: «Ya no se llaman civiles/ los del gorro atravesado/ que se llaman asesinos/ del trabajador honrado».

En la Segunda República fueron numerosos los ayuntamientos navarros que debatieron mociones para la expulsión de la Guardia Civil de sus poblaciones. La campaña estuvo dirigida, en la mayoría de los casos, por el sindicato UGT. En octubre de 1938 fue juzgado Félix Blanco «por haber promovido una moción municipal en la que se pedía la salida de esta fuerza militar del pueblo». Interrogado sobre sus gestiones para lograr la salida de la Guardia Civil de Peralta, Félix Blanco aclaraba que fue «el concejal Jesús Boneta quien presentó una moción pidiendo que se suprimiese la Guardia Civil del pueblo, que el Ayuntamiento aprobó la propuesta y le dio curso al Gobernador Civil de Pamplona, pero el resultado fue opuesto porque enviaron nuevos guardias de caballería para reforzar los que había de infantería».

Hubo mociones para la retirada de la Guardia Civil al menos en Lodosa, Fustiñana, Sartaguda, Buñuel, Carcastillo, Fitero y Tudela. En el juicio contra Aquiles Cuadra (alcalde de Tudela) se dijo que «presionó constantemente a las autoridades en el Gobierno de Navarra para la retirada de la Guardia Civil de Tudela». Cuadra fue ejecutado el 19 de octubre de 1939. Entre otros ejemplos a rescatar, el de la campaña electoral de febrero de 1936 en Fustiñana, cuando el Frente Popular llevó en su programa la «expulsión de la Guardia Civil».

Con motivo del golpe de Estado de julio de 1936, dirigido por Emilio Mola gobernador militar de Navarra, que provocó posteriormente la guerra civil, las primeras instrucciones golpistas conminaron a la Guardia Civil a la disolución de los ayuntamientos y en su caso a la detención de alcaldes y concejales que no mostraran su adhesión al golpe de Estado. Antonio Goikoetxea, alcalde de Altsasu en 1931, sería ejecutado, así como Martín Somocurcio e Isidro Zornoza, concejales. Estas muertes provocaron una gran animadversión hacia la Guardia Civil, a la que se le hizo responsable de las detenciones y muertes.

La apuesta golpista de la Guardia Civil y su alineación generalizado de mandos y agentes con las tesis franquistas, llevaron a que el Gobierno vasco republicano, con sede en Bilbao, procediera a su disolución y a la orden de arresto a todos sus mandos. La medida se llevó a cabo en octubre de 1936 y fue avalada por las fuerzas que componían en Gobierno de coalición: PNV, PSOE, PCE, ANV e IR. También contó con el apoyo del sindicato UGT.

En octubre de 1976, Víctor Manuel Arbeloa, dirigente del PSOE navarro escribía entonces poesía: «Señores guardias civiles dejen en paz sus fusiles… Que están matando sin tiento y no tienen escarmiento… ¡Es tan fácil disparar en lugar de razonar». Arbeloa fue presidente del Parlamento de Navarra, senador en dos legislaturas y europarlamentario.

El 14 de julio de 1978 la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Errenteria (órgano transitorio entre antes de las primeras elecciones municipales democráticas) aprobó por unanimidad «solicitar del Gobierno Civil la retirada de todas las Fuerzas de Orden Público». Siendo aún ayuntamiento franquista, el primero en proponer la retirada fue el de Tolosa (diciembre de 1976): «Solicitamos de la autoridad competente que la Guardia Civil sea sustituida». Durante 40 años han sido más de un centenar los ayuntamientos que han solicitado la retirada de la Guardia Civil, uno de los últimos el de Eibar, en sesión de octubre de 2015.

En 1978 se publicaron dos libros con el título “Que se vayan” (Javier Bordagaray seudónimo de Javier Sánchez Erauskin, Editorial Hordago) el primero y “Que se vayan ya” el segundo (Landazuri, Editorial Mugalde). Ambos fueron secuestrados y su difusión prohibida. Sus editores señalaron al diario “El País” en el primer secuestro que «el libro había cumplido la tramitación legal pertinente. ‘Que se vayan’ es un trabajo de recopilación de datos de hemeroteca y la opinión de todos los partidos políticos, desde UCD hasta la izquierda vasca, sobre la actuación de las fuerzas del orden».

El 4 de junio de 1979, el Ayuntamiento de Pamplona (con los votos favorables de PNV, HB y PSOE), se ratificó en un acuerdo anterior de retirada de las FOP de Navarra y acordó «pedir al Parlamento Foral que encargue a la Diputación de Navarra en pleno la negociación inmediata con el Gobierno de los plazos y formas de retirada de las FOP y sus sustitución». UCD del Ayuntamiento de Iruñea se abstuvo en la propuesta pero elevó la petición a Diputación para que «la Policía Foral asuma responsabilidades y funciones de Orden Público en Navarra». Con esa misma fecha, y al calor de las declaraciones institucionales, numerosas fuerzas políticas y sindicales firmaron un documento conjunto en el que se exigía «la retirada inmediata de las FOP de Navarra». La lista completa de formaciones que firmaron el documento fue: PCE, LKI, MCE, OIC, PTE, ORT, HASI, LAIA, ASK, HB, Partido Carlista, PSOE, EE, ESEI, CCOO, CSUT, LAB, SU, UGT y USO.

La expansión de la idea de que las FOP se retiraran adquirió semejante dimensión que, el 31 de agosto de 1978, la CIA norteamericana (Central Intelligence Agency) elevó un informe secreto, desclasificado recientemente (CIA-RDP80T00634A000400010006-6), con el título “Spain: Que se vayan! Security aspects of the basque problem” (“¡Que se vayan! Aspectos de seguridad en el problema vasco”). El documento reflexionaba sobre la posibilidad de que el Gobierno de Madrid accediera a la creación de una nueva policía autonómica que «permitiría cierto repliegue de la Policía Nacional». La central de espionaje remarcaba que la campaña “Que se vayan” estaba liderada por EIA (Euskadiko Ezkerra) y su diputado en Madrid.

(La segunda parte del artículo se publicará el próximo lunes).