La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento de Gasteiz escuchó ayer, a petición de EH Bildu, el testimonio de Amaia Cerejido Muñoz, víctima de un caso de bebés robados en el que por primera vez un juzgado ha reconocido «falsa filiación». Cerejido compareció junto a su abogado, Iñigo Santxo, para explicar su periplo en busca de su verdadera identidad, los obstáculos que encontraron para reunir documentación en diversas instituciones, tanto registros civiles como la propia Osakidetza, y la inacción de los estamentos judiciales a la hora de investigar e impulsar un procedimiento penal contra las personas responsables.

Víctima y letrado remarcaron que en medio de un caso en el que existen situaciones personales muy delicadas, lejos de encontrar ayuda y empatía, han hallado innumerables trabas por parte de diferentes instituciones, que han hecho que Amaia Cerejido llegara tarde para conocer con vida a su madre. Ambos comparecientes llamaron la atención, asimismo, ante el trato recibido por la propia víctima en algunas de estas instancias públicas, en las que ha sido sacada «a empujones». Por ello, basándose en los problemas encontrados en su experiencia expusieron varias demandas como que se reconozca que ha habido bebés robados y que estos son víctimas como las de otras expresiones de violencia durante la dictadura.

«Represión de género»

Amaia Cerejido Muñoz y el letrado Iñigo Santxo reclamaron, asimismo, a las formaciones con representación en la Cámara que impulsen medidas para que las personas afectadas cuenten con la colaboración de la Administración en procesos de búsqueda y que estos casos sean reconocidos y abordados como justicia gratuita.

Destacaron, asimismo, la Ley de Memoria Histórica de Nafarroa, especialmente la reforma de 2017 y su reconcomiendo a la «represión de género». A este respecto Cerejido Muñoz fue tajante al explicar que existía total impunidad porque las mujeres no tenían ningún derecho.

Contó que tras su nacimiento en 1971, su madre, una mujer en una situación en extrema vulnerabilidad en la sociedad de la época, tuvo que elegir entre dejar a su bebé en la casa cuna o dejarla temporalmente en manos de terceros, quienes poco después falsificarían documentos para inscribirla como hija propia.

Un estremecedor relato en el que explicó que su madre biológica intentó recuperarla en innumerables ocasiones pero tuvo que desistir ante las amenazas de denuncia. Explicó que su madre no pudo registrarla como hija propia porque no era hija de su marido, una persona de la que llevaba separada más de 20 años. «No se pudo quedar conmigo porque no había un hombre que me diera sus apellidos» y por aquel entonces, «haber cometido lo que se denominaba ‘adulterio’ y tener un hijo fruto de ello» podía suponer entre 6 y 8 años de cárcel», expuso.

«Te quitan la hija, la registran a su nombre y te tienes que callar» remarcó sobre una realidad que consideró conocida y extendida, en la que es igualmente conocido que Guardia Civil, curas, médicos... trabajaban en «coordinación». Narró ante la comisión que quien le crió recibió más ofertas de niños que no ocultaba, como naturales eran en su casa las visitas de guardiaciviles y una monja, la misma de la que recuerda una frase repetida «qué bien la tienes, con lo que nos ha costado».