La Ley de Seguridad Ciudadana, en vigor desde el 1 de julio de 2015, más conocida como «Ley Mordaza», es en realidad una apisonadora legal de libertades y derechos; un retroceso para la democracia y una sutil herramienta para controlar y criminalizar el descontento de la población cuando esta se rebela y protesta ante la represión de políticas que ordena el capital y ejecutan los gobiernos de turno. Cuando en mayo de 2017, operarios de Iberdrola acudieron a cortar la luz del barrio okupado de Errekaleor, lo hicieron acompañados de un fuerte dispositivo de la Ertzaintza para que nadie impidiese llevar a cabo la orden de este magnate de la electricidad que es Iberdrola. Prohibieron, incluso, la presencia de periodistas y solo un redactor de la radio libre, Hala Bedi, pudo informar del atropello que esa mañana estaba ocurriendo en Errekaleor. El resultado de su compromiso periodístico es que el Gobierno de Lakua le ha aplicado la Ley Mordaza y pronto tendrá que comparecer ante un juez por ejercer un derecho tan básico como es el de informar. El miércoles relatará su caso ante la Comisión de Seguridad del Parlamento. Me pregunto qué inventarán sus señorías para explicar que la Ley Mordaza es una ley represora y española, sí, pero válida para que el establishment vasco pueda anular los derechos y libertades que le molestan, cuándo y cómo quiera.