La actual política penitenciaria podemos analizarla desde diferentes parámetros: un punto de vista conceptual, otro legal y, finalmente, el práctico. Parámetro conceptual: las cárceles y manicomios han sido centros para encerrar la disidencia. Desde la Edad Media se han empleado diferentes modelos de cárceles para acallar la rebeldía. Con la revolución industrial y la proliferación de pobres que sobrevivían asaltando los caminos, las cárceles consolidaron su función represiva. La aparición de la cárcel no se debió a una respuesta concreta contra la delincuencia, sino que se encuadró dentro de unos cambios más profundos en la forma de entender y gestionar los problemas sociales, principalmente relacionados con la pobreza. Desde entonces y hasta la actualidad las cárceles están repletas de diferentes tipos de presos políticos y sociales.

En el primer grupo, siguiendo los tratados de la psicología social (R. K. Merton, E. Durkheim), estarían las desviaciones de los que buscan los mismos fines pero por diferentes métodos. Nos referimos a personas pertenecientes a familias desestructuradas, provenientes de barriadas marginales, a los que se les presenta una sociedad de consumo ideal, pero se les niega las herramientas para lograr este fin. La frustración a la que están abocados les empuja hacia vías alternativas que les conducen a prisión. Tenemos comunidades que sufren esta situación de forma exponencial y las estadísticas de las cárceles las confirman. Me refiero a un segmento de la comunidad gitana prototipo de este tipo de desviación. Marginados por una sociedad que les prejuzga y les niega oportunidades son condenados al trapicheo, al contrabando y al robo, y de esta forma se autocumple la profecía. Este grupo de personas son presos políticos, víctimas de políticas xenófobas y neoliberales que les excluye y les margina encerrándoles en un destino de represión.

En el segundo grupo estaría los presos por disidencia política. Este tipo de desviación no comparte los métodos del sistema ni tampoco los fines y quiere cambiarlos. Entre ellos se encuentra militantes de Segi, HB, SAT, ETA, Grapo, ANC, Òmnium... Sus delitos fueron ya juzgados en los tribunales de excepción herederos del franquista TOP. Procede ahora hacer una reflexión sobre la intencionalidad de sus acciones, en las que encontramos altruismo, compromiso y coherencia que les sitúa en el otro tipo de desviación que propone Merton, aquella en la que no se acepta los fines ni tampoco los métodos de esta sociedad y aspiran a cambiar el sistema. A unos sus actos de violencia reactiva, a otros sus actos de agitación social y de coherencia política les han llevado a la cárcel. Son presos políticos que aspiran a construir una sociedad más democrática, más libre y más igualitaria.

En un tercer grupo encontraríamos a los psicópatas (violadores, asesinos en serie, torturadores…) que son el reflejo extrapolado de la miseria moral de algunos segmentos de nuestra sociedad. Sus delitos son el reflejo de mentes enfermas, víctimas a su vez de infancias violentadas y dañadas.

Un cuarto grupo sería el de los antisociales de guante blanco, el subtipo antisocial codicioso que denominaba T. Milon en su tratado “Trastornos de la personalidad”. En estos últimos tiempos una minoría numerosa de los existentes, están acabando en la cárcel y son fundamentalmente políticos del PP. Estas personas entienden la política como una forma de enriquecimiento personal.

Parámetro judicial: este análisis nos indica diferentes formas de aplicar la justicia penitenciaria. Con el primer grupo la acción de la justicia es negligente y burocrática, a lo que se añade que las cárceles son escuelas especializadas en delincuencia. Los ensayos que se hicieron durante la década de los 90 con la toxicomanía, mediante los decretos de reinserción sociolaboral, en lugar de generalizarse, desaparecieron al ritmo en el que decreció la alarma social que provocaban las drogodependencias y el VIH.

En cuanto al segundo grupo, los presos por disidencia política, la acción de la justicia es cruel y vengativa, aplicándose con mayor severidad y con exigencias extraordinarias para aplicar los beneficios penitenciarios. La exigencia del perdón y/o la autocrítica es una exigencia extraordinaria que no se aplica al resto de los presos, y no se les condiciona con esa exigencia para la aplicación de los beneficios penitenciarios. Por otro lado, la reparación y/o la autocrítica no se puede realizar por decreto, esta debe ser sin condicionantes para que sea espontanea, si no se corre el riesgo de que sea instrumental, debe ser libre, a través de la reflexión personal y desde la libertad. Hay otro grupo que no se menciona porque generalmente sus delitos no son denunciados ni perseguidos, y cuando excepcionalmente acaban en la cárcel, es por poco tiempo. Me refiero a los delitos de la violencia estructural, con torturadores promocionados y crímenes encubiertos. En este grupo por los mismos delitos unos son premiados y otros castigados con crueldad.

En el tercer grupo el de los psicópatas, desde la mentalidad psicopática del acto interesado, estos se integran sin ninguna dificultad en la cárcel, convertidos en presos modelo, emplean toda su inteligencia para manipular a las juntas de tratamiento carentes de recursos suficientes, y logran beneficios penitenciarios y una rápida salida de la cárcel; en muchos casos vuelven a recaer en delitos graves, manteniéndose el potencial peligro para la comunidad.

Con el cuarto grupo los sociópatas de subtipo guante blanco, la justicia se quita la venda y favorece que, no solo logren el máximo de beneficios penitenciarios, sino que su poderío económico les permita corromper todos los estamentos judiciales y penitenciarios.

Parámetro práctico: desde el punto de vista práctico, si focalizamos en la protección de la comunidad, la experiencia nos conduce a las siguientes inferencias.

En el primer grupo el riesgo de reincidencia es importante porque las cárceles son escuelas de delincuencia y si la salida de la cárcel no está acompañada de medidas de reinserción sociolaboral, se les vuelve a condenar a la frustración y a la delincuencia. Por ello se deben implementar políticas de intervención integrales que elaboren planes individualizados de reinserción y seguimiento terapéutico-educativo de los procesos.

En el grupo de la disidencia política, existe la certeza socialmente compartida de que no habrá reincidencia en base a la experiencia pasada y a las decisiones adoptadas colectivamente. Asimismo, no tendrán dificultades en términos de reinserción por encontrar el apoyo de un importante segmento de la población. Deben estar en libertad. En cuanto a la ideología legítima que subyace a los motivos del encarcelamiento, la readaptación al nuevo ciclo político es una decisión personal.

En el tercer grupo, la intervención es más compleja porque el acto delictivo no esta condicionado solo por el extracto social al que pertenece, sino que se añade las características de una personalidad gravemente dañada en la infancia que requiere un seguimiento más estrecho, que armonice su derecho a la libertad con la seguridad de la comunidad. Me refiero a violadores, asesinos perversos.

Finalmente, en el cuarto grupo, el de los políticos corruptos, tampoco su salida supone un riesgo para la comunidad, siempre y cuando se pongan las medidas de control necesarias. La devolución del dinero y la inhabilitación como políticos sería suficiente.

En base a este análisis, la política penitenciaria es importante que tenga un carácter preventivo y la intervención sea precoz e integral. Debe situarse en parámetros de cohesión social. Se debe invertir en equipos profesionales, que individualicen los procesos con un análisis previo de las circunstancias del delito, y que mediante la intervención terapéutico-educativa favorezca y acompañe a los presos en su proceso de reinserción. Las políticas dirigidas a aumentar las cárceles, son un gasto inútil que perpetua la marginación e incrementa la desigualdad social. La experiencia nos dice que una sociedad cohesionado es más segura y hay menos delincuencia. En una comunidad cohesionada que incorpora en términos adaptativos a los sectores marginales, la seguridad no depende de las fuerzas de seguridad, sino que se sustenta en el bienestar colectivo.

En definitiva, es fundamental que la política penitenciaria tenga en cuenta que, tanto en términos humanos, jurídicos, como prácticos, la inversión de nuestros impuestos se debe dirigir a cohesionar la sociedad, y no a mantener en la marginalidad a un segmento de la población. Es más humano, más justo y más eficaz prevenir el delito y rehabilitar al delincuente que perseguirlo y mantenerlo encarcelado.