Bob-Dogi. Quédense con este nombre a ritmo de blues, responsable indirecto de que Bélgica rechazase ayer la euroorden contra los tres exconsellers exiliados en Bruselas. Niculaie Aurel Bob-Dogi es un camionero rumano que atropelló en 2013 a un motociclista en Hungría. ¿Qué tiene que ver con los dirigentes catalanes exiliados? Todo y nada. Bob-Dogi fue detenido en su país en 2015, pero Rumanía denegó la extradición solicitada por Hungría alegando que la euroorden dictada por Budapest no cumplía con el requisito de estar acompañada por una orden de detención estatal equivalente. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio la razón a Rumanía y sentó la jurisprudencia a la que ayer se asió la Fiscalía belga para rechazar la euroorden española.

«En ausencia de un título nacional subyacente, la presente orden de detención europea debe considerarse irregular y, por lo tanto, el procedimiento debe considerarse sin objeto», se lee en el escrito del fiscal general del Estado, Dirk Merckx, que el tribunal belga dio por bueno, dejando en libertad a los exconsellers Lluís Puig, Meritxell Serret y Toni Comín. Este último es el único que mantiene su acta de diputado, y ahora podría perder su derecho a voto delegado, ya que el Parlament lo había justificado hasta ahora por la imposibilidad de salir de Bélgica mientras el proceso de extradición estuviese abierto.

Sea como fuere, el error de Llarena es ridículo y parece incomprensible. Repasemos los hechos: en noviembre de 2017 la Audiencia Nacional española dictó una orden de detención estatal y una euroorden contra los dirigentes exiliados en base a cinco delitos imputados. El caso pasó poco después a manos de Llarena en el Tribunal Supremo, que retiró la euroorden, manteniendo la orden de arresto en el Estado. El pasado 23 de marzo, junto al auto de procesamiento de 25 personas por el 1-O, Llarena presentó una nueva euroorden que, en vez de basarse en la orden de detención estatal, se basaba en el auto de procesamiento, en el que los hechos detallados y los delitos imputados divergen en varios puntos de la orden de detención estatal de la AN, todavía vigente. Es decir, la euroorden no corresponde a la orden de detención estatal, un garrafal error de forma que llevó a los tribunales belgas a rechazar por la vía rápida la extradición.

«Lo sucedido es de primero de euroorden», consideró ayer Gonzalo Boyé, uno de los abogados de los consellers, que también avanzó que la decisión desencadenará un efecto dominó sobre el resto de euroórdenes. De momento, Puigdemont tiene una cita con la justicia de Schleswig-Holstein el próximo 22 de mayo.

El Supremo puede volver a presentar las euroórdenes, aunque ayer se limitó a criticar la «falta de compromiso» belga, pasándose por el arco del triunfo el respeto a las decisiones judiciales que acostumbra a exigir para sus decisiones. La pataleta fue en vano, ya que la Fiscalía belga advirtió ya en abril a Llarena que debía subsanar el error de forma referido. El juez hizo caso omiso, y ya se sabe que el que avisa no es traidor.