Iker BIZKARGUENAGA
ATAQUE A LA SANIDAD PÚBLICA UNIVERSAL (I)

NO ES CUESTIÓN DE COMPETENCIAS, ESTO TRATA DE VIVIR O MORIR

La exclusión, vía decreto, de cientos de miles de personas del sistema público sanitario en 2012 tiene un enorme coste humano. Así lo acredita un estudio, que cifra en un 15% el incremento de la mortalidad entre los inmigrantes en situación irregular en solo tres años.

El Sindic de Greuges (equivalente al Ararteko en Catalunya) instó hace unos días al Parlament a implementar los mecanismos legales necesarios para hacer efectivo el derecho a la atención sanitaria universal, alertando de que la suspensión de la ley catalana a través de un fallo del Tribunal Constitucional puede «poner en riesgo de forma general el ámbito de la salud», con un efecto sobre toda la sociedad catalana. Sus palabras tenían base. Un estudio realizado por el Instituto de Economía de Barcelona (IEB) y el Centro de Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra (CRES-UPF) advertía recientemente que la mortalidad entre los inmigrantes sin papeles ha ido creciendo paulatinamente desde que se les retiró el acceso a la sanidad pública en 2012. Hasta el punto de que en 2015 ya era un 22,6% mayor que antes del decreto firmado por la entonces titular de Sanidad Ana Mato.

La exministra, que acaba de ser condenada en el “caso Gürtel” como partícipe de la trama a título lucrativo por beneficiarse de regalos, viajes y la organización de eventos familiares como cumpleaños y comuniones de sus hijos, argumentó que la medida aliviaría las arcas públicas en varios millones.

Más de 800.000 personas expulsadas

Aquel Real Decreto 16/2012, que a juicio del Sindic de Greuges «es como un retorno al franquismo», reintrodujo el requisito de estar inscrito en la Seguridad Social para recibir cobertura médica. Esta medida, que contradice la lógica del propio sistema sanitario público –pues no se financia a través de las cotizaciones laborales sino por los impuestos directos e indirectos, con independencia de la situación administrativa de quienes los abonan–, expulsó a más de 800.000 personas. Muchísima gente que dejó de poder acudir a su médico de cabecera y especialistas, y perdió su derecho a la sanidad, excepto en caso de urgencia, mujeres embarazadas o de menores. De hecho, ni siquiera en estos casos se ha garantizado su asistencia, pues la aplicación práctica del decreto ha originado desde entonces situaciones esperpénticas, como menores de edad (270 entre 2014 y 2017, según la red de Denuncia y Resistencia al RDL-Reder) y embarazadas (158) a las que no se ha atendido en su centro de salud, o pacientes de urgencia que regresaban a su hogar con una factura (364 casos).

Con todo, ha sido la exclusión generalizada de ese casi millón de seres humanos la que ha tenido consecuencias devastadoras.

Los resultados del estudio del IEB y la UPF fueron presentados por sus autores, Arnau Juanmarti, Guillem Lopez Casasnovas y Judit Vall Castello el pasado abril en Madrid. En el trabajo analizan cuáles son los efectos de la restricción de la cobertura sanitaria en la mortalidad de la población afectada en mayor medida –que no la única–: la población de inmigrantes irregulares. La conclusión principal del estudio es que la normativa promovida por el Gobierno del PP ha aumentado la mortalidad en ese colectivo en un 15% en los años posteriores a su puesta en marcha, aunque, como se ha mencionado antes, la tendencia es ascendente y en el tercer año superaba holgadamente el 22%.

Los autores del trabajo recordaron en su exposición que con el decreto 16/2012 «no solo se restringió el acceso a la atención primaria y especializada, sino que, sin la tarjeta sanitaria, que les fue cancelada, tampoco han tenido acceso a los medicamentos que requieren receta médica y que son financiados por el sistema público de salud».

El contexto en el que se instauró aquel decreto tampoco fue pasado por alto en su exposición, en la que recordaron que, en un momento en el que los flujos migratorios son crecientes, varios países están aplicando restricciones de similar tenor a las españolas al acceso a los sistemas sanitarios, y lo están haciendo obviando los efectos sobre una población con muy pocas alternativas de acceso a la asistencia sanitaria privada.

Para estudiar dichos efectos, los autores del estudio han utilizado datos de mortalidad proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y a través de un modelo estadístico han comparado la evolución de la mortalidad de los inmigrantes irregulares –que no disponen de un permiso legal de residencia– con la evolución de la población con nacionalidad española durante el periodo 2009-2015, incluyendo por tanto unos años antes y después de la fecha en la que se aplicó la restricción. Siendo difícil de cifrar con exactitud, por razones obvias, la cantidad de personas migrantes que residen sin papeles en el Estado español, la publicación digital medicosypacientes.com informaba recientemente de que en el “Programa Nacional de Reformas 2013” se señalaba que, con la implementación del RD 16/2012 y para «evitar el fraude en la obtención de la tarjeta sanitaria», 873.000 tarjetas habían sido retiradas. Ese número de personas representaba el 13,87% de la población migrante en el Estado y un 1,86% de la población total.

70 personas fallecidas más cada año

Si la restricción sanitaria decretada por el Gobierno español ha aumentado la tasa de mortalidad mensual de la población de inmigrantes irregulares en un 15% en los primeros tres años, esto significa, atendiendo a los números totales, un incremento del número de fallecidos de 70 personas al año. Una barbaridad.

Por otra parte, la constatación de que las consecuencias van aumentando con el tiempo, «unido al hecho de que es razonable pensar que interrupciones en el tratamiento médico pueden tener un efecto retardado en una variable tan extrema como la mortalidad, nos hace pensar que los efectos a más largo plazo serán mayores», advirtieron Juanmarti, Lopez Casasnovas y Vall Castello durante el VII Taller de Investigación en Evaluación de Políticas y Servicios de Salud, donde presentaron su trabajo. En este sentido, los académicos catalanes lamentaron no disponer de datos para evaluar las consecuencias a largo plazo del decreto ley.

Con todo, en su estudio sí que observan que los efectos de esta medida legal son mayores en lo que se conoce como mortalidad «tratable»; es decir, respecto a aquellos fallecimientos que no deberían producirse si existiera una intervención médica a tiempo y de forma efectiva sobre los pacientes. Para ese tipo de muertes la tasa aumenta un 17,26%, mientras que para el resto de causas de decesos, que no dependen tanto del acceso al sistema de salud, la mortalidad aumenta un 12,62% en los tres años analizados. Hay casi cinco puntos de diferencia, por tanto.

Sentencias respecto a Euskal Herria

La intervención del Sindic de Greuges en el Parlament estuvo precedida por la admisión por parte del Tribunal Constitucional del recurso interpuesto por el Gobierno español contra la ley catalana que garantiza el derecho universal a la sanidad, suspendiendo su aplicación hasta que adopte una decisión definitiva al respecto. Y en torno a esa decisión, no pueden ser optimistas vistos los precedentes. El pasado febrero ese tribunal falló, por inconstitucional, contra el decreto navarro que extendía la universalidad sanitaria a todos los habitantes del herrialde, algo que ya había hecho en noviembre con la normativa aprobada en la CAV.

El organismo encargado de dirimir las cuestiones competenciales entre el Ejecutivo español y las autonomías –en la práctica, un juez de parte– insiste en ambos casos en un mismo argumento: «Las normas autonómicas no pueden ampliar el universo de personas que reciben asistencia por encima de los límites determinados por el RDL 16/2012 aunque estas asuman el costo de estas mejoras y sin poner el riesgo los términos establecidos por el Estado».

Desde los ejecutivos de Lakua e Iruñea –el Tribunal Constitucional también ha actuado contra la normativa valenciana y extremeña– se han comprometido a hacer lo que esté en su mano para garantizar el carácter universal del sistema sanitario público. Así, en una entrevista con GARA el 3 de marzo, el director general de Osasunbidea, Luis Gabilondo, aseguraba que «desde el Gobierno de Navarra se va a continuar garantizando la atención sanitaria al colectivo de inmigrantes en situación irregular mediante las oportunas ayudas sociales», y agregaba, con ánimo de tranquilizar a las personas afectadas, que «transitoriamente, todo va a seguir igual. Si una persona en situación irregular se siente enferma, debe ir al médico de cabecera, como siempre».