Cuatro años después de que comenzasen a denunciar «continuas irregularidades» en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Sestao, que asume las urgencias médicas de 140.000 personas, un grupo de trabajadores las pondrá en manos de la Fiscalía para que investigue. Insisten en que «los abusos se repiten» y, al ver que la vía administrativa está fiquinitada, han decidido poner la información de la que disponen en manos del Ministerio Público.

Primero la pusieron en conocimiento de la gerencia de la Organización Sanitaria Integrada (OSI) de Barakaldo-Sestao, que ha negado repetidamente y por diferentes vías. Sus responsables vienen defendiendo a cada iniciativa del grupo de médicos, celadores, conductores y auxiliares administrativos que las supuestas irregularidades son «meras interpretaciones» de parte. En ese contexto, acudieron al Ararteko, que abrió un expediente e inició diligencias. «Estamos cansados de esperar una respuesta», se quejan.

El 16 de noviembre de 2017 presentaron ante la Inspección de Trabajo un informe en el que aportaban distinta documentación que sustentaría sus acusaciones contra un antiguo responsable del PAC. Un mes después, en concreto el 13 de diciembre de 2017, resolvió que no era competente en el caso. Critican que «hasta la semana pasada» no se les ha comunicado esa decisión del jefe de Inspección de Trabajo de Bizkaia.