GARA
MADRID

AI pone en duda la imparcialidad del proceso contra los de Altsasu

Coincidiendo con una manifestación que ayer se celebró en Madrid en apoyo de los jóvenes de Altsasu, Amnistía Internacional cuestionó la imparcialidad del proceso judicial en la Audiencia Nacional.

Amnistía Internacional hizo público ayer una reflexión sobre lo acontecido en torno al proceso judicial seguido contra los jóvenes de Altsasu, que coincidió con la manifestación que a la tarde tuvo lugar en Madrid; en Zaragoza hubo también otra protesta solidaria con los condenados.

La organización muestra su preocupación por una sentencia que, «aunque descarta que sean delitos de terrorismo, utiliza una motivación ideológica para justificar la gravedad del delito contra los guardias civiles y sus parejas».

AI considera que «nunca debió investigarse como terrorismo, ya que dicha calificación ha tenido un serio impacto tanto en el desarrollo de la investigación como en la sentencia». En este sentido, afirma que «la acusación del delito de terrorismo ha conllevado que se realice una investigación y un procedimiento de excepcionalidad, diferente del que se emplea en un procedimiento ordinario». Asimismo, muestra su preocupación por que la Fiscalía «mantenga su calificación como terrorismo» en su recurso a la sentencia de la Audiencia Nacional española.

Amnistía Internacional manifiesta además que la imparcialidad del procedimiento judicial ha podido estar mermada por el hecho de que la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, no se haya apartado de este procedimiento penal, y denegara la petición de su recusación presentada por los abogados de las ocho personas procesadas».

«No podemos obviar que la propia presidenta del tribunal es familiar directo de un alto cargo de la Guardia Civil», destacó Esteban Beltran, director de AI en el Estado español. «Además de que tanto ella, como la jueza de instrucción, Carmen Lamela, han sido condecoradas con la Orden del Mérito de la Guardia Civil por ‘conductas de extraordinaria relevancia que benefician a la reputación de la Guardia Civil’», remarcó.

Insiste en que «nunca debieron ser acusados de terrorismo, y que la definición de este delito en el Código Penal es demasiado vaga y amplia».