No era la mejor resolución posible, pero ni mucho menos la peor. No hay más que fijarse en la reacción española para saber donde está la herida. El proceso será todavía largo, pero la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein pone de entrada en serios apuros al juez del TS Pablo Llarena.

Primero, porque mete bajo tierra la tesis de la violencia que sostenía la acusación de rebelión. Segundo, si no está acusado de rebelión, Llarena no puede suspender a Puigdemont como diputado. Tercero, si el president es extraditado y solo juzgado por malversación, parece insostenible que sus consellers –sus subordinados– puedan serlo por delitos más graves. Cuarto: Forcadell, Cuixart y Sànchez –los presos que no estaban en el Govern– ni siquiera están acusados de malversación. Su encarcelamiento, bajo el prisma del tribunal alemán –primer juez no español que entra en el fondo del asunto–, es injustificable.

Llarena tiene dos opciones: reformular el caso o renunciar a Puigdemont. El ridículo de retirar la euroorden es notorio, pero para nada descartable, por mucho que Pedro Sánchez recordase ayer que deben ser juzgados en el Estado español –¿recado a Llarena?–. El ridículo de la justicia española, en cualquier caso, no tiene remedio; la puerta a futuros recursos ante tribunales europeos está abierta de par en par.

Esto, sin embargo, no significa que la judicatura vaya a cambiar su actitud, que ya nos conocemos. Quien tiene una oportunidad de oro para rectificar es la Fiscalía, comandada por María José Segarra, recién nombrada por el Gobierno del PSOE. En su mano está seguir la vía de los tribunales alemanes y retirar las acusaciones de rebelión y sedición.