Ha sido necesario un proceso que ha durado un lustro –438 sesiones– y ha costado 30 millones de euros para que víctimas de la violencia neonazi reciban un mínimo de justicia. Aún así las actividades del grupo más violento del neonazismo seguirán manteniendo ocupados tanto a jueces, abogados, condenados y víctimas como a distintas comisiones parlamentarias. En el fondo se vislumbra la sombra del Estado profundo, siempre cerca de las muertes y los crímenes, pero incapaz de detener a los autores.

En este caso, hizo falta que en 2011 los integrantes del grupo Clandestinidad Nacional Socialista (NSU) Uwe Mundlos y Uwe Böhnhardt se quitaran la vida, según la versión oficial, para que los diferentes cuerpos policiales pudieran esclarecer varios crímenes, entre ellos diez homicidios gracias a que en su poder fue hallada el arma regular de una agente que fue ejecutada por esta célula. El mismo día en que se registraron esas muertes, su compañera Beate Zschäpe prendió fuego al apartamento que compartían. Después de pasar algunos días en paradero desconocido, se entregó a la Policía acompañada por su abogado.

Entonces Alemania entera conoció la existencia de la NSU. Las autoridades tuvieron que admitir que los denominados «asesinatos de Döner» de nuevo ciudadanos turcos y griegos no se debían a reyertas, sino que tenían un trasfondo político. A lo largo de una década, los investigadores habían buscado a los responsables de esos crímenes entre los amigos y familiares de las víctimas. Durante el juicio, 150 policías declararon en calidad de testigos, pero sólo uno pidió perdón a sus allegados por cómo se habían llevado a cabo las investigaciones.

El pasado miércoles, el juez Manfred Götzl condenó a Beate Zschäpe a cadena perpetua subrayando «la gravedad de la culpa». Al añadir este detalle, evita que después de haber cumplido quince años entre rejas, lo que suele prolongarse una pena a perpetuidad en Alemania, la neonazi pueda solicitar la libertad condicional. En casos similares, los prisioneros pasaron entre 18 y 23 años en la cárcel. Götzl considera a Zschäpe culpable de nueve «asesinatos», de otros 32 «intentos de asesinato», de varios atracos y de un incendio intencionado. A todo ello, añade el delito de pertenencia a «asociación terrorista». A fin de cuentas, le coloca al mismo nivel que a sus dos kameraden fallecidos.

La defensa de Zschäpe anunció de forma inmediata que recurrirá la sentencia. Adujo, entre otros argumentos, que no se le puede condenar por «asesinato» porque en ninguno de los lugares de los hechos se había encontrado prueba alguna, ni siquiera alguna muestra de ADN, que la relacionaría con los crímenes juzgados.

La segunda condena más alta –10 años de cárcel– cayó sobre el exfuncionario del neonazi Partido Nacional Democrático (NPD), Rolf Wohlleben, por prestar ayuda material en nueve «asesinatos». El juez considera probado que el neonazi facilitó el arma principal utilizada en los atentados. Dado que ya lleva siete años encarcelado, pronto podrá pedir la libertad condicional. Otros tres acusados recibieron penas de entre dos y tres años de prisión por ayuda al «asesinato» y por colaboración.

«Una bofetada»

Wohlleben y otro de los acusados acudieron a la lectura de la sentencia vestidos de negro, igual que una docena de neonazis que presenciaron la vista junto a un centenar de personas, entre ellos un neonazi condenado por un atentado fallido contra la sinagoga de Munich en 2003.

Las condenas son «una bofetada en la cara», señaló Alexander Hoffmann, abogado de las víctimas, quien sospecha, además, que el único objetivo de la sentencia es poner un punto final a este caso.

De hecho, la presencia de un agente del servicio secreto interior (BfV) en el mismo lugar y momento de uno de los homicidios asó como el fallecimiento de varios testigos clave generan recelos sobre si determinadas estructuras clandestinas del Estado podían saber mucho más de la NSU. Desde el principio, el propio BfV saboteó la investigación, destruyendo documentos clave.

Pero no es solo ese detalle el que alienta la sospecha de los alegados de las víctimas de que el Estado alemán o al menos algunas de sus estructuras quieren cerrar el asunto cuanto antes. Es fácil perderse en el campo de la investigación, muy fértil para cualquier thriller o teoría conspirativta, porque ciertos hechos y determinadas pruebas hacen dudar de la versión oficial.

«La pregunta abierta más importante sigue siendo ante todo si la NSU era realmente sólo un trio», constata el diputado democratacristiano Clemens Binninger (CDU), quien fuera el jefe de la correspondiente comisión parlamentaria del Bundestag.

Pero parece que el Estado alemán no quiere que se sigan planteando este tipo de preguntas que requieren respuestas que las autoridades no quieren dar. Y el dinero puede ayudar a callar ciertas voces. Precisamente la víspera de que se dictara sentencia, el Ministerio de Justicia admitió que las «instituciones habían fallado» a la hora de esclarecer los hechos. Este reconocimiento puede servir de base legal para que los afectados pidan ser indemnizados por el Estado que falló a la hora de protegerlos antes después de estos crímenes.