El BOE de ayer recoge la reincorporación de Antonio Manuel Guerrero a la Guardia Civil. No se ha designado destino a este miembro de «La Manada», por lo que no tendrá que ir a trabajar. Esta decisión se mantendrá hasta que llegue sentencia firme o un acto de sobreseimiento, lo que puede tardar meses o quizá más de un año.

Su situación, por tanto, es la de «activo sin destino», por lo que cobra su sueldo íntegro. Guerrero, al igual que el militar Alfonso Jesús Cabezuelo, fue condenado a nueve años de cárcel por abusos con penetración a una joven en los sanfermines de 2016, a la que sometieron entre cinco personas para tener sexo sin su consentimiento. Fiscalía, acusación particular, Ayuntamiento de Iruñea y el Gobierno navarro solicitan ahora una revisión de la sentencia para que los hechos se tipifiquen como agresión sexual, por lo que la pena podría duplicarse.

El caso del guardia civil es aún más grave que el del militar, pues reconoció en el juicio haber sido él quien robó el móvil de la joven tras lo sucedido en el portal, reduciendo ostensiblemente la capacidad de la joven de pedir ayuda y eliminando posibles pruebas. Si bien, esta acción se calificó como simple hurto, ya que los jueces entendieron que, al igual que para las prácticas sexuales, la autodenominada «Manada» no empleó la intimidación.

El guardia civil no fue uno más. Al hecho de haber cortado con el robo del móvil la capacidad de contacto de la joven con sus amigos o familiares, hay que sumar los vídeos de lo sucedido se encontraron en su móvil. Las acusaciones reclaman más de dos años de cárcel por estas grabaciones, que pueden ser consideradas como un delito contra la intimidad. En la primera sentencia no hubo condena por este delito por error de los abogados de la joven, ya que no denunciaron estos vídeos (y el tipo penal exige un determinado procedimiento).

A todo ello, hay que sumar el proceso por abusos que se sigue en Pozoblanco, Córdoba. En él, se ve cómo el guardia civil realiza tocamientos a una joven inconsciente mientras está conduciendo el coche.

Conocido esto, no hace falta indagar mucho en la normativa interna de la Guardia Civil para atisbar que el escenario de regreso al servicio activo de Guerrero no es el único al que se podía llegar. El punto 4 de las sanciones muy graves recogidas en el Código Disciplinario (Ley Orgánica 12/2007) califica como tal: «Toda actuación que suponga discriminación o acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, sexo, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Y la primera de las faltas graves incluye: «la observancia de conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil».

Expulsión sin sentencia

Dicho código de conducta recoge entre las sanciones para faltas muy graves la «separación del servicio». Es decir, la expulsión del cuerpo no requiere de una sentencia judicial firme por un delito, basta con una resolución de Defensa. Por tanto, el agente no se reincorpora «por imperativo legal», sino por la voluntad de la propia Guardia Civil. Y es más, la confesión del delito de hurto, que no se ha puesto en duda en el recurso, pudiera ser motivo suficiente para desencadenar la expulsión.

Por otro lado, la situación del guardia también es muy particular, puesto que intentó sacar su pasaporte pese a tener prohibido abandonar el país. Esto motivó una vistilla hace dos semanas para reevaluar el riesgo de fuga, cuyo fallo aún no se ha emitido. Aun así, el hecho de que los jueces le dejaran de nuevo en libertad hace pensar que no vieron demasiado riesgo, por lo que más previsible es que siga en libertad.