El Comité de DDHH de la ONU pide que se permita la candidatura de Lula
El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió ayer a Brasil que se tomen todas las medidas pertinentes para que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva pueda ejercer sus derechos políticos como candidato presidencial mientras se encuentra en prisión.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió al Gobierno brasileño que permita al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en prisión desde abril, ejercer sus derechos políticos y presentarse libremente a los comicios presidenciales del próximo mes octubre. «Esto incluye tener un acceso apropiado a los medios de comunicación y a los miembros de su partido político», indicó en una declaración este órgano de Naciones Unidas, que supervisa a los estados en el cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Instó a Brasil a que no impida a Lula participar en las próximas elecciones hasta que sus recursos ante tribunales del país sean resueltos «en procedimientos judiciales justos».
El Comité precisó que se trata de una «medida interina» con la que se pretende «preservar los derechos» del exmandatario, y no de un pronunciamiento de fondo sobre su caso. Los abogados de Da Silva denunciaron en mayo ante el Comité de Derechos Humanos al Estado brasileño por razones de persecución política, pero el dictamen al respecto no se emitirá hasta 2019 para permitir a todas las partes defender sus argumentos.
Impugnación de la Fiscalía
El posicionamiento del Comité coincide con la inscripción por parte del Partido de los Trabajadores (PT) de la candidatura de Lula, que de inmediato fue impugnada por la Fiscalía General y sobre la que debe decidir el Tribunal Superior Electoral.
La fiscal general, Raquel Dodge, sostiene que Lula da Silva, quien lidera los sondeos, «no es elegible» al estar condenado en segunda instancia en el marco de la «operación Lava Jato» y pide al rector de registro de candidaturas del Tribunal Superior Electoral (TSE), el magistrado Luís Roberto Barroso, que impida su registro.
Alega que la Ley de la Ficha Limpia de Brasil no permite «presentar candidaturas condenadas en una resolución dictada por un órgano judicial colegiado por crímenes de lavado de dinero y corrupción».
Dodge ha presentado un certificado emitido por el Tribunal Federal de la Cuarta Región que confirmó la condena a Lula da Silva y aumentó la pena a 12 años y un mes.