El Gobierno español expulsó ayer a Marruecos a 114 de las 116 personas –dos eran menores– que el miércoles lograron saltar la valla de Ceuta, para lo que recurrió a un acuerdo firmado entre ambos estados en 1992. El Ministerio del Interior indicó que seguirá aplicando este acuerdo reactivado ahora «para todas las personas que logren saltar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla» en función de «la voluntad de que Marruecos esté dispuesto a readmitir porque es un acuerdo bilateral».

Según este acuerdo, España debe presentar la solicitud de readmisión en los diez días posteriores a la entrada ilegal en el territorio del Estado requerido.

El Gobierno presentó la petición completa y aseguró que los 116 migrantes ya estaban identificados apenas 24 horas después de que se produjera el salto de la valla El propio ministro, Fernando Grande-Marlaska, contactó el miércoles con la Policía en Marruecos para pedir celeridad en la identificación y tramitación de los expedientes de devolución. De hecho, llamaron a todos los abogados apuntados en las listas del turno de oficio de las siguientes 48 horas para que acudieran a la comisaría. «Fue visto y no visto. El proceso nunca ha funcionado con esta velocidad», señalaron fuentes presentes en el proceso de identificación.

Los abogados estudiaban ayer recurrir las devoluciones y señalaron que se vieron sorprendidos al conocer que el fin último era la «devolución más que exprés» que llevó a cabo el Gobierno. Normalmente, los migrantes permanecen en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) mientras judicialmente se resuelve su situación. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ya había alertado de que entre las personas que habían logrado llegar a Ceuta podía haber muchas que necesiten protección internacional y lamentó que estos procedimientos acelerados impiden la detección adecuada de estas personas. Igualmente, advirtió del creciente hostigamiento que están sufriendo las personas subsaharianas en el norte de Marruecos, con «redadas policiales violentas que demuestran una vez más que no es un país seguro, ya que no garantiza el principio de no devolución ni el respeto a los derechos humanos». También Amnistía Internacional indicó que se trata de expulsiones ilegales que no garantizan el acceso a un procedimiento individualizado con todas las garantías –asistencia letrada y de intérprete, así como a una identificación de potenciales solicitantes de asilo–.

Desde Caminando Fronteras, Helena Maleno denunció que el PSOE y Pedro Sánchez «dan un paso más allá en la violación de derechos humanos». «180 millones de euros son los que dio la UE a Marruecos. Cien vidas son las vulneradas con esta macroexpulsión», denunció.