Pese a asumir que la ralentización de la economía afectará a los presupuestos del Estado para 2019, Edouard Philippe incidió este fin de semana en que el Gobierno quiere mantener «el ritmo» de las reformas y anunció, entre otras medidas, la anulación de la indexación de las prestaciones sociales respecto a la inflación y el fin de las cotizaciones sobre las horas extras.

«La previsión de crecimiento sobre la que construiremos este presupuesto (el de 2019) será del 1,7%», indicó el primer ministro durante una entrevista con el “Journal du dimanche”. Hasta ahora, el Gobierno trabajaba con una previsión del 1,9%.

El 1 de agosto, el ministro de Hacienda, Gérald Darmanin, también redujo la previsión de crecimiento para este año, hasta entonces del 2%, estimando que, en todo caso, «no será inferior al 1,8%» tras el bache que atravesó la economía francesa a principios de este año.

Por contra, Darmanin precisó: «No cambiaremos nuestro objetivo de déficit del 2,3%» para el ejercicio en curso. Ahora, Philippe asume que «si el crecimiento se ralentiza, forzosamente tendrá un impacto» sobre el déficit.

Tras señalar que «mantenemos la dirección y el ritmo» de las reformas anunciadas por el presidente, Emmanuel Macron, su primer ministro aseguró que la desaceleración de la economía «no nos impedirá estar en línea con nuestros compromisos, tanto sobre la bajada de los retenciones obligatorias como sobre el control del gasto público y la deuda».

Para conseguir esos objetivos, tres prestaciones sociales –la ayuda a la vivienda, las asignaciones familiares y las pensiones de jubilación– «progresarán de forma más moderada, al 0,3% anual en 2019 y en 2020», reveló Philippe. Esta tasa quedará claramente por debajo de la inflación, que en julio alcanzó el 2,3% interanual.

Al mismo tiempo, comentó que «las prestaciones que benefician a nuestros conciudadanos más frágiles, como la RSA (Renta de Solidaridad Activa), aumentarán conforme a la ley».

También aseguró que «la prima de actividad, el mínimo de antigüedad y la ayuda para adultos con discapacidad» aumentarán «muy significativamente», conforme a las promesas de campaña de Macron.

Pese a todo, el primer ministro expresó la intención del Gobierno de sostener el poder adquisitivo de las personas asalariadas al anunciar que «desde el 1 de setiembre de 2019, las cotizaciones salariales sobre las horas extras serán suprimidas para todos los trabajadores, tanto en el sector privado como en el público». Según dijo, «esto supondrá, como media, más de 200 euros adicionales por año» para «una persona que sea pagada con el Smic (salario mínimo)» y esta medida costará «2.000 millones de euros».

Control del déficit

Philippe también confirmó que los contratos de inserción (les contrats aidés), por los que el empleador recibe una ayuda financiera y que ya han bajado desde el inicio del quinquenio presidencial, verán «disminuir» su partida presupuestaria».

Para hacer posibles estos equilibrios, el Gobierno ha optado por una política «que privilegia (...) la remuneración de la actividad y que rompe con el aumento indiscriminado de las ayudas», según explicó Philippe. «Con la vuelta a la actividad y una mejor remuneración del trabajo, nuestro país será más próspero», añadió.

Para controlar el gasto público, el Ejecutivo también tiene previsto suprimir alrededor de 4.500 puestos de funcionario en 2019, y esa cifra será «superior a 10.000 en 2020». De este modo mantiene la promesa de eliminar 50.000 durante los cinco años de mandato de Macron.

2,3%

Es la tasa de inflación interanual registrada en el mes de julio en el Estado francés. Además, la tendencia es claramente al alza y se está produciendo de forma acelerada.

0,3%

Ese es el incremento anual previsto, en 2019 y en 2020, para tres prestaciones sociales muy relevantes: la ayuda a la vivienda, las asignaciones familiares y las pensiones de jubilación. Visto cómo evoluciona la inflación, supondría una neta pérdida de poder adquisitivo.

50.000

Son los puestos que Macron han prometido suprimir en la función pública en los cinco años de su mandato. En 2009 serán cerca de 4.500 y en 2010 serán más de 10.000. Por contra, en los presupuestos para el próximo año, el Ejecutivo contempla aumentar el personal de las fuerzas de seguridad (2.000 puestos) y en el Ministerio de Justicia (1.300).