«¿Quiénes formarían la Patronal, los proxenetas?». Núria González, presidenta de la asociación L’Escola A.C. que recurrió el registro como sindicato de la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), ironizó así el miércoles sobre el intento de varias trabajadoras sexuales de hacer valer sus derechos laborales. El derroche de sarcasmo choca, sin embargo, con la realidad: esa patronal existe, se llama Asociación Nacional de Empresarios Mesalina, reúne a dueños de clubes de alterne y está registrado en la Dirección General de Trabajo desde 2004, después de que así lo dictara el Tribunal Supremo.

Lo recordó ayer la periodista Ana Requena, al hilo de la polémica surgida por el registro formal del sindicato Otras, que ha reavivado el debate sobre la prostitución, tema siempre candente en el seno del feminismo, con posturas a menudo encontradas entre quienes abogan por la prohibición y quienes defienden la regulación del sector.

Declinando todo debate, sin embargo, el Gobierno español suscribió el jueves las posiciones prohibicionistas, tal y como dejó claro la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que consideró que le metieron un gol. Tras el Consejo de Ministros de ayer, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, aseguró que «la Abogacía del Estado se ha puesto ya a estudiar cómo arreglar esta cuestión». «No parece difícil, hay varias vías, una de ellas parece la más rápida y a esa iremos», explicó, añadiendo que el procedimiento será el de «la nulidad de pleno derecho para revocar» el sindicato.

Desde Otras, sin embargo, no dan la batalla por perdida. Su portavoz, Concha Borrell, compareció ayer en Barcelona ante los medios para reivindicar que «las trabajadoras sexuales merecemos los mismos derechos laborales que el resto de la sociedad». «Cabría cuestionarse a quién beneficia que las mujeres y hombres que trabajan en el sector del trabajo sexual carezcan sistemáticamente de derechos laborales», añadió Borrell, recordando que el trabajo sexual está reconocido como trabajo por instituciones como la ONU o la Organización Internacional del Trabajo.

«Las trabajadoras sexuales merecemos todo el reconocimiento y el respeto por parte de las instituciones, les guste nuestro trabajo o no. No somos sujetos pasivos, sino mujeres adultas que sabemos luchar por lo que queremos», concluyó el comunicado en el que anuncian que darán la batalla legal por el registro del sindicato y en el que no ahorraron críticas al Gobierno: «Es posible que a algunas personas con una posición acomodada en el Gobierno, tras la intocable tela del feminismo blanco heterosexual y burgués, piensen que demandar derechos laborales para un sector empobrecido y estigmatizado es una atrocidad, pero para nosotras es de plena justicia».

Iniciativas en marcha

La polémica suscitada por el registro del sindicato ha vuelto a poner encima de la mesa la larga lucha por los derechos laborales de aquellas personas que se dedican por cuenta propia y por decisión propia al trabajo sexual. Pero no es la única iniciativa en tal sentido. También en Barcelona, por ejemplo, el pasado mes de julio se constituyó la primera sección sindical de trabajadoras sexuales en el seno de la Intersindical Alternativa de Catalunya.

Una de sus impulsoras, Paula Ezkerra, calificó ayer de «flagrante mentira» el argumento empleado tanto por Valerio como por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre el carácter ilegal de la prostitución. «Eso no es verdad, de hecho está regulado, pero está regulado de forma preferencial hacia los empresarios», explica Ezkerra, que critica que «el mismo Gobierno que se echa las manos a la cabeza cuando habla de prostitución, está otorgando licencias a clubes sabiendo que son de alterne, que son para trabajo sexual y que las trabajadoras que están dentro no están reconocidas como trabajadoras sino como huéspedes». «De ahí la necesidad de sindicatos, para lograr que se reconozcan nuestros derechos y para eliminar el estigma que existe sobre la profesión», añade en declaraciones a GARA.

Ezkerra explica que ellas prefirieron integrarse en un sindicato ya establecido, en el que «poder trabajar y luchar junto a compañeras precarizadas de otros sectores», pero que aplauden y defienden la iniciativa de Otras «porque van hacia el mismo camino, que es el reconocimiento de nuestro trabajo».

En sentido inverso, critica la «actitud absolutamente machista y paternalista» del Gobierno al hablar en nombre del «feminismo absoluto». «Nos parece de un atrevimiento absoluto, no solamente somos trabajadoras sexuales, sino que también somos feministas y ahora, además, sindicalistas».