La actividad política venía ya moviéndose en Catalunya desde el aniversario de los atentados del 17A, pero tras la conferencia del president, Quim Torra, el pasado martes, ayer todos metieron la quinta marcha. Sobre el discurso de la víspera habló todo el mundo, y como la inconcreción fue la norma, cada quien lo tomó por donde mejor le convino. Pero más allá de los dichos, los hechos; según las agencias, Interior empezó ayer el traslado de medio millar de antidisturbios de la Policía española a Catalunya para pasar el otoño. Se suman a los 300 guardias civiles a los que el martes se les aplazó el traslado previsto de Catalunya a otros puntos del Estado hasta el 15 de octubre. Piolín sigue en Barcelona.

Un traslado policial que pone en duda la premisa sobre el conflicto interno con la que se mueve el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en relación a Catalunya. Pero no importa, ayer siguió insistiendo: «Lo que tiene que hacer el Govern es abrir un gran debate, una gran conversación entre los no nacionalistas y los nacionalistas en Catalunya». En visita oficial en Suecia, Sánchez también recordó que las sentencias judiciales hay que acatarlas.

El líder del PSOE se refirió así al momento en el que Torra, en su conferencia, anunció que no aceptará «una sentencia que no sea absolutoria» en el juicio contra el 1-O. En caso de condenas, anunció que se pondría a disposición de lo que decidiera el Parlament. Una ambigüedad que ayer llevó a unos a imaginar a Torra abriendo las puertas de la cárcel de Lledoners, y a otros intentando plantear una nueva declaración de independencia.

En rueda de prensa junto al president Puigdemont desde Bruselas, Torra optó ayer por mantener la inconcreción, sobre todo en la víspera de la Junta de Seguridad en la que Estado y Generalitat abordarán hoy la cuestión de los lazos amarillos. El president se limitó a repetir que «si estas sentencias no son absolutorias, el pueblo de Catalunya es el que dirá qué hay que hacer, y eso será trasladado al Parlament». Añadió, sin embargo, que está «dispuesto a llegar tan lejos como Puigdemont». «Mi límite es lo que decida el Parlament», concluyó.

Mensajes contradictorios

Más allá de las palabras de Sánchez y del envío de 500 antidisturbios, el Gobierno español ofreció ayer mensajes contradictorios. Por un lado, la ministra de Política Territorial y encargada de intentar tratar de tender puentes en Catalunya, Meritxell Batet, consideró que el discurso de Torra fue «más allá» del soberanismo, al abrirse a explorar el marco constitucional y el autogobierno. «Un cambio relevante tras años de exclusiva contestación de ese marco», añadió la ministra.

La vicepresidenta del mismo Ejecutivo, Carmen Calvo, sin embargo, escuchó la conferencia con otros oídos, y conminó a Torra a abandonar las «bravatas». También consideró que el 155 ya ha hecho su trabajo, pero recordó a los despistados que «si las proclamas políticas (catalanas) pasan a los hechos, sabemos qué hacer», en alusión a la suspensión de la autonomía exigida el martes, por enésima vez, por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Una referencia que llevó a Torra a pedirle al Gobierno español que «abandone la cultura del 155». «No puede ser que estemos en diálogo y lo primero que se diga sea: ‘alerta porque se puede aplicar el 155’».

En el seno del independentismo, ERC escuchó con gusto las apelaciones de Torra al 80% de los catalanes que rechazan la represión y defienden el referéndum pactado como solución. Su cabeza visible en el Parlament, Sergi Sabrià, aseguró ayer haberse sentido «muy representado» por el president. «El punto de partida es muy positivo, sin renuncias y con la voluntad de que las grandes decisiones de Catalunya pasen por las urnas», añadió. Así, JxCat y ERC siguen en periodo de distensión, a la espera de resolver la decisión sobre la suspensión de los diputados inhabilitados por el Tribunal Supremo, incluido Puigdemont. Un debate envenenado que llevó a suspender el último pleno de julio y que volverá a estallar irremediablemente. Cuestión de tiempo.

El diputado de la CUP Carles Riera, por su parte, se mostró mucho más crítico, al lamentar que «ni el Govern ni la Mesa del Parlament se han movido de la legalidad». «La CUP tiene la tarjeta roja sobre la mesa, porque no vemos ningún paso hacia la unilateralidad y la desobediencia», añadió.

Valls toma posiciones

En otro orden de cosas, ayer se anunció que el ex primer ministro francés, Manuel Valls, que mantiene su incógnita sobre una posible candidatura a la Alcaldía de Barcelona, se estrenará este año como profesor en la escuela de negocios Esade. Valls, famoso por la expulsión de gitanos, impartirá una asignatura titulada «Procesos migratorios y geografía urbana».

El Tribunal Supremo rechaza las recusaciones de los jueces del 1-O

La Sala 61 del Supremo rechazó ayer por unanimidad, y sin que nadie se pueda hacer el sorprendido, la recusación planteada por los 11 dirigentes independentistas procesados contra los magistrados que juzgarán el caso en la Sala segunda del TS. Así pues, serán Manuel Marchena, Antonio del Moral, Luciano Varela, Juan Ramón Berdugo y Andrés Martínez Arrieta los que juzgarán a los responsables de las urnas del 1-O.

En sentido inverso, un grupo de abogados españoles presentó ayer una querella contra el abogado Gonzalo Boyé y contra la juez belga que debe decidir si acepta a trámite la demanda civil contra el juez Llarena. La asociación impulsora de la demanda se llama Movimiento 24Dos y su presidente es Nicolás González-Cuéllar, el editor de los libros publicados por el juez Manuel Marchena.

Ayer se supo, además, que Boyé defenderá también a Adri Carrasco, joven de los CDR que se fugó tras saber que la Guardia Civil quería detenerlo en la misma operación en la que detuvo a Tamara Carrasco. Carrasco comparecerá ante la prensa hoy en Bruselas.B.Z.