El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, replicó ayer que «no aceptamos lecciones de nadie y menos aún de la ONU, que se muestra incapaz, inútilmente costosa y desinformada», en respuesta a las críticas vertidas por la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, hacia la política antiinmigración de Roma. «Italia ha acogido los últimos años a 700.000 inmigrantes, muchos de ellos clandestinos, y no ha recibido nunca la colaboración de otros países europeos», continuó el líder ultraderechista.

Salvini salía así al paso de las palabras de Bachelet, quien al inaugurar una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra criticó a Italia por impedir la entrada al país de barcos de rescate de ONG con inmigrantes a bordo. «Este tipo de posicionamiento político y otros acontecimientos recientes tienen consecuencias devastadoras para mucha gente que ya de por si es vulnerable», afirmó la alta comisionada, quien lamentó que «aunque el número de inmigrantes que cruzan el Mediterráneo ha descendido, la tasa de mortalidad es más elevada».

En el mismo tono, el canciller de Austria, Sebastian Kurz, confió en que, tras la inspección sobre la situación de los inmigrantes en su país anunciada por Bachelet, «la ONU vuelva a tener tiempo y recursos para dedicarse a aquellos países donde la tortura y la pena de muerte están a la orden del día y donde se pisotean las libertades de prensa, opinión, reunión y religión».

Bachelet precisó que en Austria su equipo prestará atención a la forma en que se está decidiendo y procediendo a la expulsión y repatriación de inmigrantes cuestionando que se respeten las obligaciones claves de los derechos humanos.

Nicaragua y Venezuela

A la vez, la alta comisionada afirmó que el número de personas que están huyendo de Nicaragua está aumentando de forma «exponencial» como consecuencia de la crisis política en este país sobre el que pidió reforzar la vigilancia. Igualmente Bachelet indicó que se han seguido recibiendo desde el pasado junio informaciones sobre casos de muertes relacionadas con la malnutrición y enfermedades que se pueden prevenir en Venezuela, a cuyo gobierno acusó de no haber mostrado «apertura para una rendición de cuentas genuina» sobre violaciones de los derechos humanos».