Haritz LARRAÑAGA
BAIONA
JUICIO POR DESOBEDIENCIA A FICHEROS FIJAIT

El fallo sobre Peio Irigoien será notificado el 16 de octubre en Baiona

El primer juicio por negarse a cumplir las medidas impuestas por los ficheros FIJAIT se celebró ayer en Baiona. El fiscal pidió una pena «no inferior a 800 euros» para el expreso Peio Irigoien, mientras que la defensa solicitó la absolución. El colectivo de expresos vascos manifestó que las «medidas de excepción como esta son una provocación».

El Tribunal de Grandes Instancias de Baiona acogió ayer el juicio contra el expreso Peio Irigoien por negarse a cumplir los requerimientos del fichero FIJAIT. El 16 de octubre es la fecha que fijó el juez para dar a conocer la decisión sobre Irigoien, que acudió a la vista acompañado de un grupo de nueve abogados que se han reunido para hacer causa común contra las medidas impuestas al Colectivo de Presos Políticos Vascos.

Precisamente, miembros del colectivo de expresos y exiliados vascos reunidos en la dinámica Kalera Kalera se concentraron frente al Palacio de Justicia para mostrar su apoyo a Irigoien y denunciar las medidas de excepción que se les imponen. «Son una provocación y van contra el sentir mayoritario de este pueblo, que está por la resolución del conflicto», declaró su portavoz Jokin Etxebarria.

¿La amenaza persiste?

El juez decidió primero negar la demanda de inconstitucionalidad que formuló la defensa, razón por la que el juicio se desarrolló en Baiona y no en la Corte de Casación de última instancia en París. La segunda petición la hizo el propio acusado, que quería declarar en euskara; el magistrado, después de un debate entre las partes, dio la razón al fiscal al afirmar que «Irigoien es francés, habla perfectamente y no necesita un traductor».

Solo entonces dio comienzo al juicio. El fiscal negó que hubiera motivación política alguna en los actos por los que fue condenado en 2011 (sabotajes contra establecimientos inmobiliarios), «ni cuando, una vez en libertad, decidió no firmar el fichero FIJAIT».

Aunque admitió que «la amenaza de ETA ha desaparecido», insistió en que «los actos contra intereses inmobiliarios persisten y la amenaza no ha cesado». De ese modo concluyó que «Irigoien sigue siendo una amenaza para la sociedad y el Estado francés» y pidió una pena «no inferior a 800 euros» de multa.

La lectura de la defensa sobre los hechos acaecidos durante la última década fue radicalmente distinta. Así, tras preguntarse si «el contexto actual justifica que Irigoien sea inscrito en un fichero FIJAIT», respondieron con una rotunda negativa.

Diferentes abogados se turnaron para defender al acusado con argumentos referidos a diversos aspectos. «Hoy el contexto es de resolución, no de amenaza», manifestó uno de los letrados. En esa línea, pidió la absolución de Irigoien, entre otras cosas, «porque no constituye una amenaza real».

130 vascos entre los afectados

El castigo al que se enfrentan quienes no colaboren con las medidas requeridas puede ascender a una pena de 3 años de cárcel y una sanción de 30.000 euros. Los únicos casos con sentencia firme por desobediencia se han dado en Corsica, donde los acusados fueron sancionados con multas de 500 euros.

La medida afecta a todas las personas condenadas por «delitos de terrorismo» en el Estado francés desde el año 2008, aunque no se aplique siempre automáticamente.

Son alrededor de 40 los vascos actualmente encarcelados en el Estado francés a los que se les ha aplicado el fichero FIJAIT. Por lo que respecta a los exprisioneros afectados, que entre otras cosas deben notificar su lugar de domicilio periódicamente e informar sobre los desplazamientos fuera del Estado francés, 20 residen en Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa y el resto, 70, lo hacen en los territorios del sur.