EDITORIALA
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La amenaza de Orbán y el ridículo español en la UE

El pleno del Parlamento Europeo recomendó ayer a los estados miembros de la Unión Europea aplicar el artículo 7 de los tratados europeos para sancionar a Hungría, al considerar que en ese país existe un serio riesgo de violación del Estado de Derecho. Ese artículo implica la restricción de algunos de los derechos que ese Estado, y podría suponer retirarle el derecho a voto en el Consejo. Los proponentes de la resolución denunciaron la negativa del Gobierno húngaro y su primer ministro, Viktor Orbán, a acoger refugiados. Su escalada racista ha estado dirigida contra refugiados, migrantes, musulmanes y gitanos. Los europarlamentarios también mostraron su preocupación por los ataques contra la libertad de prensa, la falta de independencia judicial, el funcionamiento del sistema constitucional y electoral, o la corrupción.

La aportación española a la jornada de ayer merece un apunte. Por un lado, la recomendación salió adelante por 448 votos a favor y 197 en contra, mientras que 48 eurodiputados se abstuvieron. El PP español había dado libertad de voto a sus eurodiputados, y aunque la consigna implícita era abstenerse, tres de ellos juntaron sus votos a los del Frente Nacional, el UKIP y la Liga Norte para defender las políticas racistas y contra las libertades de Orbán. A la ciudadanía vasca no le sorprenderá saber que uno de esos ultraderechistas era Carlos Iturgaiz. Por otro lado, el canciller español, Josep Borrell, intentó colocar tanto entre las élites europeas como en el debate público español que lo que sucede en Hungría es equiparable en algún sentido a lo que sucedió hace un año en el Parlament catalán. Será que ignora la carta abierta a las instituciones europeas en la que, el pasado noviembre, 188 académicos, intelectuales y políticos denunciaban la represión del Estado español, comparaban su deriva autoritaria precisamente con la de Hungría y Polonia y le conminaban a tomar medidas para salvaguardar el Estado de Derecho.