Koldo LANDALUZE
DONOSTIA

Bruselas fija el plazo de una hora para retirar contenidos

La comisión Europea ha dado a conocer una nueva ordenanza que obligará a las empresas tecnológicas a retirar de internet y en el plazo de una hora, todos los contenidos que tengan una orden dictada por la autoridad judicial o policial.

La Comisión Europea establecerá un plazo de una hora para que las empresas europeas puedan quitar contenidos en línea tras haber recibido una orden de retirada emitida por una autoridad policial o judicial y, de esta manera, evitar su propagación. El comisario europeo de seguridad, Julian King, avanzó en su rueda de prensa que «nos parece que es una medida firme que garantiza que en el caso de que haya un problema, se ponga en marcha y de manera inmediata y transparente un mecanismo de denuncia».

La medida forma parte de las propuestas que fueron anunciadas en el debate del Estado de la Unión por el presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, en materia de seguridad y protección de datos, en las que se incluyen medidas para garantizar la transparencia electoral.

El eurocomisario consideró esta medida «clave» en un contexto en el que, según sus palabras, «el 33% de los enlaces a contenidos terroristas se propaga en una hora y un 75% en cuatro horas». Además, la Comisión Europea exigirá a los proveedores de servicios de alojamiento de datos que cuenten con mecanismos de reclamación eficaces y que informen a los usuarios cuando se retiren sus contenidos «a menos que haya importantes razones de seguridad para no hacerlo».

El pasado mes de marzo Bruselas ya pidió a los proveedores de internet como Facebook, Twitter o Youtube la retirada de esos contenidos en el plazo de una hora, pero a través de esta nueva normativa se quiere establecer una obligación legal destinada a las empresas.

El comisario europeo de seguridad también anunció que Bruselas acogerá una conferencia de alto nivel a mediados de octubre para reunir a expertos europeos y «garantizar formas concretas de prevenir las amenazas cibernéticas» en el ámbito de las elecciones convocadas próximamente en territorio de la Unión Europea.