El caso que se juzga en el Tribunal de Pau se remonta a marzo de 2016, cuando la asociación animalista L214 difundió un vídeo rodado de forma clandestina en la sala de sacrificio del matadero zuberotarra.

Con la difusión de esas impactantes imágenes, la citada asociación trataba de poner en evidencia que el modelo de consumo que subyace a la producción industrial de alimentos de origen animal es causante de una situación «del todo inaceptable». A resultas del escándalo, la instalación fue clausurada temporalmente y cinco empleados fueron encausados.

Tres de esos trabajadores se enfrentan, dos años y medio después, a la acusación de «maltrato animal», delito castigado con multa, mientras que el exdirector y la actual administración del establecimiento afrontan penas de hasta dos años de prisión por falsedad en relación a la calidad de la mercancía y defectos de la instalación. Un cuarto trabajador está procesado por una infracción menor. La primera jornada del juicio sirvió para poner en entredicho la eficiencia del servicio departamental de control veterinario.

Condiciones laborales

La defensa de los empleados, que pidió la absolución, ahondó en las deficiencias del matadero, denunciando también los altos ritmos de trabajo y en general las condiciones laborales soportadas por los encausados.

La acusación civil, que ejercen once organizaciones animalistas, ve en este juicio una oportunidad de denunciar un problema que, entienden, persiste pese a que la comisión legislativa creada a raíz del escándalo propusiera medidas como la instalación de cámaras.

El juicio es seguido con interés por el sindicato ELB, que llamó a distinguir las prácticas de los ganaderos vascos del modelo productivista aquí aparecido.