Los datos de desempleo de agosto fueron muy malos en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, los peores en casi una década en ese mismo mes, por tanto difícilmente achacables únicamente al factor estacional. Sin embargo, la titular del ramo, Beatriz Artolazabal, negó la mayor, los consideró normales e incluso los expuso como ejemplo de que la economía se mueve en parámetros anteriores a la crisis. La consejera no se movió del discurso habitual de un Ejecutivo que ha optado por un mensaje optimista sin matices, lejos de la cautela a la que obligan los números reales. Por ejemplo, esos que recuerdan que la cifra de parados sigue siendo más de un 40% superior a la de 2008 o que la tasa de cobertura está por debajo del 30%.

Sin embargo, una cosa son los discursos oficiales y otra la política activa, y la dinámica parlamentaria está mostrando un consenso inhabitual en torno a la necesidad de una estrategia eficaz en materia de empleo. Y, en este sentido, los partidos que sostienen al Ejecutivo están yendo a rebufo de las medidas presentadas por la oposición, particularmente por EH Bildu, que ha sido capaz de sacar adelante cuatro iniciativas de gran calado con un apoyo prácticamente unánime, incluyendo a los dos socios de gobierno.

Parados de larga duración

Hace dos años, en noviembre de 2016, la coalición presentó una proposición no de ley al objeto de que el Parlamento adoptara las medidas necesarias para atender a los parados de larga duración y para que el proyecto presupuestario de 2017 incluyera una partida a tal efecto. Se recordaba, en aquella iniciativa, que más de 60.000 personas se hallaban entonces sin empleo desde hacía más de dos años, y se ponía el acento en el peligro de cronificación y en la importancia que tienen las políticas públicas en esta materia.

Tras un rechazo inicial de PNV y PSE, en junio de este año los cuatro principales grupos de la Cámara, –PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE– han acordado un texto en el que el Parlamento insta al Gobierno autonómico a que «complemente» el Plan Estratégico de Empleo 2017-2020 incorporando medidas específicas de choque para atender correctamente a las personas desempleadas de larga duración. Entre las propuestas que se contemplan en el texto aprobado está la de garantizar a través de Lanbide una atención individualizada de las personas desempleadas, ofreciéndoles actuaciones concretas en orientación, formación, mediación e inclusión social. Además, el Parlamento se compromete a que en la reforma de la Ley de RGI se tenga en cuenta «la especial vulnerabilidad» de las personas en esa situación.

Del mismo modo, EH Bildu interpeló en octubre del año pasado a la consejera Artolazabal sobre la «lamentable» cobertura que tienen las personas paradas y, entendiendo que la respuesta no estuvo a la altura, presentó una moción en pleno para que el Parlamento denunciara lo exiguo de esa cobertura social, reivindicara una total capacidad para «dar respuesta a nuestra realidad socioeconómica, retos y problemas» y poder promover un empleo de calidad, y demandara al Ejecutivo que diera pasos tendentes a asumir las políticas pasivas de empleo.

Una vez más las negociaciones dieron como fruto una enmienda de transacción suscrita por los cuatro grupos, en la que el Parlamento denuncia «el nivel de cobertura que padecen las personas vascas desempleadas por parte del Estado» y cree necesario elevar la tasa de cobertura de las prestaciones y subsidios de desempleo, así como aumentar sus cuantías. Asimismo, emplaza al Gobierno español a transferir las políticas pasivas, «posibilitando el despliegue de una política de empleo propia» que permita «responder adecuadamente a los problemas y retos que la sociedad vasca plantea».

El Plan estratégico 2017-2020

A comienzos de este año, en febrero, la consejera presentó el Plan Estratégico de Empleo 2017-2020, tendente, dijo, a superar el plan de 2014-2016 y a poder implementar medidas «estratégicas y cualitativas» en este ámbito. EH Bildu lo calificó como «poco ambicioso», consideró que en esencia mantenía un planteamiento inercial y reprochó que sus planteamientos fueran demasiado generales y sin concreción, así como sus propuestas poco consistentes.

Por ello, en marzo la parlamentaria Nerea Kortajarena presentó una proposición no de ley en la que se insta al Ejecutivo a que complete el Plan Estratégico haciendo de la búsqueda y promoción del empleo de calidad objetivo principal, y a que desarrolle la capacidad de hacer frente a futuros escenarios.

Para la consecución de esos objetivos, la coalición demanda que las ayudas públicas e incentivos estén destinados a ese fin, estableciendo medidas de control y seguimiento. También pide que se tenga en cuenta la perspectiva de género y que se integre adecuadamente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; que se implementen estrategias concretas destinadas a que las personas con mayor dificultad de acceder al mercado laboral lo hagan en igualdad de condiciones; que se desarrolle un plan de choque contra la precariedad estructural en el caso de los jóvenes y que permita su acceso a un empleo digno; y que se fijen objetivos cuantitativos de entidad en materia de empleo, por considerar los del Ejecutivo «demasiado limitados y conservadores». Como séptimo y último punto, se reclama que Lanbide, organismo de referencia en este ámbito, «se convierta en una herramienta efectiva y valiosa en la consecución de estos objetivos», y que se adopten medidas para que su reforma sea consecuente con ello.

Como es habitual, el resto de grupos presentó sus enmiendas a la iniciativa del grupo soberanista –PNV y PSE una conjunta y EP otra– y el pasado 10 de mayo se registró una enmienda de transacción a la proposición no de ley, suscrita una vez más por los cuatro principales grupos de la Cámara. En ella se recogen casi literalmente las propuestas de la coalición abertzale y se insta al Gobierno de Iñigo Urkullu a complementar el Plan Estratégico de Empleo 2017-2020 en base a esos parámetros, asumiendo, por tanto, las carencias detectadas en el plan inicial.

Precariedad entre la juventud

La cuarta iniciativa aprobada en este curso hace referencia a la precariedad laboral existente entre los jóvenes y responde a la intervención de Artolazabal en marzo sobre este asunto en respuesta a una interpelación del parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona.

Tras concluir que la consejera se aferró a esquemas del pasado «que no han sido efectivos», la coalición presentó pocos días después una moción afirmando que ««los nuevos retos de la inserción laboral de la juventud» exigen «liderazgo» y «un cambio de paradigma en las políticas públicas». Por ello, se instaba a Lakua a que, en un plazo de seis meses, «en colaboración con el resto de administraciones públicas, Lanbide, agentes jóvenes y agentes socioeconómicos, elabore un plan de choque que posibilite una inserción laboral que reduzca la precariedad estructural de los y las jóvenes». Del mismo modo, se le emplazaba a presentar en un año «un plan ordenado y eficaz para el relevo de trabajadoras y trabajadores que se debe dar durante los próximos años a fin de que los colectivos con mayores tasas de desempleo y precariedad realicen el tránsito a un empleo de calidad». Y, junto a ello, exigía al Gabinete de Urkullu que antes de finalizar este ejercicio lleve al Parlamento el proyecto de Ley de Juventud, «cuyo principal objetivo sea facilitar a los y las jóvenes su emancipación y que cuente para ello con medidas cualitativas y una partida presupuestaria suficiente para su implementación».

Una vez más, una enmienda transicionada que recogía los puntos principales de la de la proposición inicial salió adelante con el apoyo de todos los grupos menos el PP.

El grado de consenso alcanzado en estas cuatro propuestas, que han concitado el respaldo de casi todo el arco parlamentario, constata la asunción por parte de los partidos que gobiernan de que la realidad sociolaboral de la CAV dista mucho de lo que exponen públicamente desde la bancada del Ejecutivo o cada vez que les ponen un micrófono delante. Y, por otro lado, muestra que es la oposición parlamentaria, en este caso la segunda fuerza en la Cámara, quien está marcando rumbo y ritmo a un asunto que es crucial y que requiere soluciones urgentes, novedosas y de calado.