La comisión de investigación de la ONU sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en Myanmar publicó ayer el más detallado informe sobre las atrocidades cometidas contra la minoría rohinyá como política de Estado durante medio siglo, en el que pide al Gobierno que saque al Ejército de la política por su implicación en el genocidio rohinyá, impulsando la revisión de la Constitución, e insta al Consejo de Seguridad a llevar el caso ante el Tribunal Penal Internacional (TPI).

Tras la llegada al Gobierno en 2016 de Aung San Suu Kyi, los militares siguen jugando un papel clave en el sistema político y controlan Defensa, Interior y Fronteras, además de supervisar un cuarto de los escaños del Parlamento, lo que les permite bloquear cualquier enmienda constitucional que limite su poder.

La comisión reclama la destitución de los jefes militares y pide que el jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, y otros cinco altos mandos sean procesados por «genocidio», «crímenes contra la Humanidad» y «crímenes de guerra».

La conclusión más relevante es que se confirmaron elementos de «genocidio intencional» por parte de esos altos mandos en la operación de limpieza étnica de agosto de 2017 contra los rohinyá, y cita «asesinatos» –unos 10.000–, «desapariciones», «tortura», «violencia sexual» y «trabajo forzado».

Ante la política de destrucción en Rakáin y para evitar la eliminación de evidencias, la comisión pide establecer algún mecanismo que las preserve para ser usadas cuando haya un tribunal susceptible de juzgar esos crímenes. Insta al Consejo de Seguridad a referir el caso al TPI o a crear una corte ad hoc.

Nombra a los militares responsables, pero también a Suu Kyi por no usar su cargo ni «autoridad moral» para evitarlo.