El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió ayer la legalidad de la enmienda que permitirá sortear el «anacrónico» veto del PP en el Senado –una prerrogativa que, a su juicio, no tiene en ninguna otra ley– a los objetivos de déficit público, una argucia parlamen- taria que el PP estima un «fraude de ley» y amenaza con llevar al Tribunal Constitucional.

El PSOE presentó el martes una enmienda al proyecto de reforma de la Ley del Poder Judicial sobre violencia de género que, a su vez, modifica la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar que el Senado –donde el PP tiene mayoría absoluta– tenga la última palabra sobre los objetivos de déficit. Argumenta una motivación presupuestaria y debe ser aceptada alegando la urgencia de flexibilizar los objetivos de déficit para que haya más recursos destinados a la Administración de Justicia y a la violencia de género.

La iniciativa pide levantar el veto que puede imponer el Senado a los objetivos de déficit y deuda pública para que, si son rechazados, puedan volver a ser votados en el Congreso y aprobados con mayoría simple.

La polémica enmienda registrada por el PSOE ha recuperado una práctica, la de retocar normas a través de otras con las que no guardan relación, que ha sido habitual en el Parlamento español desde hace años. Una triquiñuela legislativa que se ha empleado con gobiernos de todo signo político, pero que tanto el PP como Ciudadanos consideraron «inconstitucional» y no descartan recurrir al Constitucional, tras haber pedido amparo a la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso.

Durante los diferentes gobiernos de PSOE y PP, ambos partidos han recurrido a esta triquiñuela procedimental en el Con- greso o en el Senado, lo que han considerado justificado cuando estaban en el poder y una maniobra tramposa desde la oposición. Esta discutida técnica legislativa ha llegado varias veces al Constitucional, que ha dictado sentencias de distinto signo.