La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha abierto una investigación preliminar por las deportaciones y desplazamientos forzados de los rohinyás de Myanmar a Bangladesh.

La fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, indicó que el examen preliminar se centrará en la supuesta comisión de delitos como «desplazamientos forzados, privación de derechos fundamentales, homicidios, violencia sexual, desapariciones forzadas, destrucciones y saqueos».

La decisión de la Fiscalía se produce dos semanas después de que una Sala de Cuestiones Preliminares confirmara que el TPI tiene competencia para tratar el caso.

Las dudas legales se debían a que Myanmar nunca ha aceptado someterse a la jurisdicción del TPI, pero los jueces manifestaron que los delitos se habrían terminado de cometer en territorio de Bangladesh, país que sí ha ratificado el Estatuto de Roma, carta fundacional de este tribunal.

El examen preliminar abierto no es una investigación plena, sino un paso previo en el que se analizan cuestiones como si la justicia nacional ha investigado de forma seria los hechos denunciados, su gravedad o una evaluación completa sobre si los delitos entran en su jurisdicción.

Las autoridades birmanas rechazan las pesquisas del TPI y denuncian que invade su principio de soberanía y que no tienen obligación de acatar su jurisdicción.

Unos 700.000 rohinyás han huido de Myanmar a Bangladesh, donde se encuentran desplazados desde agosto de 2017, a raíz de una campaña militar calificada como genocidio por la ONU.