A dos semanas del final del plazo el 15 de octubre, crecen las disonancias entre los rebeldes de la provincia de Idleb y de zonas de las regiones vecinas de Alepo, Hama y Lataqia sobre el acuerdo ruso-turco para la instauración de una zona «desmilitarizada» o tapón de 15 o 20 kilómetros entre las fuerzas de Damasco y las distintas milicias opositoras.

Pese a que la mayoría de grupos rebeldes saludaron el acuerdo, anunciado el 17 de setiembre en Sochi por Putin y Erdogan, el emplazamiento de la zona-tapón y la presencia de la policía militar rusa ha generado críticas.

El grupo Jaish al-Ezza ha rechazado el acuerdo y exige que la zona desmilitarizada esté situada a partes iguales en los territorios controlados por Damasco y los que están bajo control insurgente.

El International Crisis Group reconoce que el acuerdo es ambigüo y técnicamente impreciso pero añade que «es lógico que se establezca solo en sitio rebelde porque es impensable que Moscú pueda firmar un acuerdo que atente a la soberanía» territorial del Estado sirio.

El despliegue militar ruso en esa zona despierta asimismo suspicacias. El Frente Nacional de Liberación (FNL) alianza de grupos creada en agosto por instigación de Turquía y para desmarcar a los rebeldes de los yihadistas, ha señalado que rechaza esa presencia.

En este sentido, Faylaq al-Sham, uno de los grupos que forma el FNL, desmintió ayer que haya comenzado a retirar su armamento pesado, incluidos carros y cañones, de la zona «desmilitarizada», tal y como adelantó horas antes el opositor Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

Todo ello sin perder de vista qué harán los yihadistas de Al Qaeda.