El Gobierno español y Unidos Podemos firmaron ayer un acuerdo sobre los presupuestos para 2019 que permite al PSOE, a través de medidas de freno a los recortes socioeconómicos de los últimos años, ensanchar su exigua minoría (84 escaños) y dejar la pelota de un posible adelanto electoral en el tejado del soberanismo catalán –y, en menor medida, vasco–. Además, con la inclusión de una serie de compromisos contra los ataques a la libertad de expresión y en defensa de la libertad sexual de la mujer, facilita el aterrizaje de Podemos a la hora de aprobar unas cuentas para las que pedía un mayor giro social.

El acuerdo, negociado desde agosto y que terminó de ser perfilado en sesiones maratonianas hasta la madrugada de ayer, fue rubricado por el presidente español. Pedro Sánchez, y el coordinador general de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, y permite al Ejecutivo español enviar para su fiscalización a la Comisión de Bruselas el marco presupuestario con 151 apoyos en el Congreso español. Precisa de 176.

Medidas socioeconómicas

Entre las principales medidas, destaca la subida del salario mínimo (SMI) desde los 735,9 euros mensuales hasta los 900 (Podemos pedía 1.000 euros)

En la misma línea, las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3% el próximo ejercicio, mientras el resto se vincularán, en principio. al IPC.

Subidas del IRPF a rentas altas, tributación mínima del Impuesto de Sociedades a grandes empresas y aumento del impuesto al Patrimonio, sin olvidar un remedo de la histórica Tasa Tobin (Transacciones Financieras) y un impuesto a servicios digitales completan las medidas fiscales.

Otros compromisos

A ello se suma el compromiso para igualar hacia arriba «de forma paulatina» las bajas de maternidad y paternidad hasta los 16 meses y para facultar a los ayuntamientos para regular los precios de los alquileres en las zonas «más tensionadas» (centro de las grandes ciudades»), además de una mayor protección para el inquilino.

Junto a ello, y sin obviar la promesa de derogar los aspectos «más lesivos» de la reforma laboral de 2012, el acuerdo incluye medidas no estrictamente presupuestarias como la modificación del Código Penal en referencia a los delitos de ofensa a la religión o a la corona y el blindaje del consentimiento expreso («solo sí es sí») en la tipificación de los delitos sexuales.

Los soberanistas catalanes y Bildu recuerdan a Sánchez que tiene otra cuenta pendiente

ERC advirtió de que su partido no dará apoyo «ni activo ni pasivo» (9 escaños) a los presupuestos «si no hay un movimiento de manera inmediata respecto a la autodeterminación de Cataluña y respecto a la situación de los presos políticos catalanes». El PDeCAT (8 escaños) mostró predisposición a hablar de las cuentas, si bien ya pondrán sobre la mesa la cuestión de «los presos políticos y exiliados» y del derecho a la autodeterminación de Catalunya. La vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, y la consellera y portavoz del Govern, Elsa Artadi, hablaron del tema presupuestario, aunque no trascendió el contenido.

EH Bildu celebra que el acuerdo presupuestario contempla «avances importantes» en materia social en caso de que llegue a materializarse y, siguiendo la línea de reserva, advierte de que su apoyo a estas cuentas dependerá de si dará «cauce a lo que demanda la mayoría de sociedad catalana o si seguirá negándole el derecho a decidir su futuro institucional».

La portavoz del Gobierno español, Isabel Celaá, hizo un llamamiento a los partidos independentistas catalanes para que apoyen unas cuentas cuyos «beneficios» para Catalunya ha cifrado Madrid en 2.200 millones de euros. El grupo parlamentario de Podemos coincidió en que «no se entendería» que ERC y PDeCAT rechazaran unas cuentas con «semejante» dádiva. D.L.