Clases diarias de educación física, horarios desde las siete de la mañana, la religión como asignatura optativa, pero a veces obligatoria, y algún que otro policía jubilado reciclado como vigilante conforman la rutina de los escolares en Hungría, tras los cambios educativos promovidos por el gobierno del primer ministro panmagiar, Viktor Orban.

«Si en el ámbito universitario todavía existe alguna oposición, la escuela preuniversitaria está acabada. No se trata de restricciones, sino de una completa destrucción de la libertad de la enseñanza», se queja el sociólogo Péter Radó. En las declaraciones de los responsables de Educación del Gobierno húngaro se alternan dos palabras al hablar de educación y valores: “cristianos y nacionales”.

De hecho, el propio Ministerio de Educación ha sido sepultado y es un mero apéndice en un conjunto de departamentos que suman salud, juventud, minorías y cultura, relegados al nombre de Ministerio los Recursos Humanos. En algunas declaraciones, su responsable, Miklós Kásler, médico oncólogo, defiende los diez mandamientos como programa educativo e incluso como proyecto de salud pública. El doctor en ciencias Pál Ács recuerda frases del ministro tales como que «sería importante enseñar ética, religión y moral religiosa. Los diez mandamientos no son solo mandatos religiosos o dogmas, sino un código de derecho perfecto. O un programa de salud pública»

Pero más allá de las declaraciones, las medidas concretas tomadas por el Gobierno son las que infunden temor a los profesores. Después del ataque contra la prensa y las organizaciones civiles, la educación parece haberse convertido ahora en objetivo del nuevo Gobierno de Viktor Orban en su deseo de moldear la sociedad.

El Ministerio ordenó la preparación de un nuevo currículo escolar para el alumnado. «Ya ha sido entregado, es bastante recomendable y moderno. Pero al Gobierno no le parecía lo suficientemente conservador y cristiano. Nadie sabe qué le seguirá», añade el investigador. Los programas más modificados son los de Historia y Literatura.

Zsuzsa Igali enseña inglés a niños y adolescentes desde hace 13 años. Ha visto como su trabajo ha sido dinamitado en los últimos años, tanto por las reformas educativas, como por los alumnos y algunos padres. A todo ello se le suma la precariedad, dado que el sueldo de un profesor principiante no supera los 400 euros, un salario muy poco atractivo comparado con los ingresos en una empresa. «Las autoridades no nos escuchan, no se sientan a hablar con expertos. Y los alumnos no nos hacen ni caso». Cuenta que muchos de sus alumnos proceden de familias rotas. Para otros muchos, el sueño es emigrar, un fenómeno en auge en Hungría en los últimos cinco años. «Lo que veo en la clase es realmente triste. Los jóvenes solo imaginan un futuro fuera del país. Si les pregunto qué quieren hacer, solo hay una respuesta: irse fuera».

Profesores sin autonomía en las aulas

En las conversaciones con profesores de Budapest y Pécs, la idea que reiteran los entrevistados es control. No solo los libros de texto se modelan conforme a la nueva ideología, sino que también se vigila a los profesores y se cierran programas escolares con la justificación de su poca rentabilidad. Las escuelas se agrupan en distritos que a su vez dependen del Gobierno y los directores de escuelas son designados por el Ministerio. A su vez, estos directores son los que deciden quién trabaja o no en una escuela. Alrededor de 150.000 profesores han perdido la autonomía y se han encontrado apresados dentro de esta nueva estructura jerárquica. Todo ello conlleva a la pérdida de la importancia de los sindicatos de profesores. A su vez, el Ejecutivo decide el montante de dinero que puede recibir cada escuela. «Los profesores ya no tienen autoridad profesional», apunta el sociólogo Péter Radó.

Erzsébet Nagy, del Sindicato de profesores (PDSZ), denuncia el control político de las escuelas. «Por ejemplo, puede haber un director con buenas habilidades como profesor, pero que, si no gusta a nivel político, puede ser apartado», manifiesta Nagy.

«Se interviene sobre lo que se va a investigar, las preguntas que se van a poner a los alumnos, cómo van a pensar, cómo se va a enseñar, sigue el profesor Miklósi Làszló, coordinador de la asociación de profesores de Historia desde 1999. Todas estas denuncias sobre medidas represivas y la creciente coerción en Hungría contrastan con la calle repleta de turistas de la cosmopolita Budapest, donde nos concede la entrevista: «La centralización es la tendencia general. Quedan muy pocos oasis de autonomía».

El ataque a la educación favorece a la Iglesia, que pasa a controlar más escuelas. Como país del antiguo bloque socialista, en Hungría la Iglesia estaba separada de la enseñanza y no ocupaba espacio en las instituciones públicas. Con la «educación cristiana», no solo ocurre que la Iglesia pasa a gestionar cada vez más escuelas, sino que por cada alumno recibe tres veces más dinero del Estado que una escuela pública. Además, en las escuelas públicas ya no existe la posibilidad de escoger los libros del texto, supervisados ahora por el Ministerio, mientras que en las gestionadas por la Iglesia tienen absoluta libertad de elección.

Segregación «cariñosa» del alumnado

Para justificar una única versión de libros de texto y el control de las escuelas, desde el Gobierno se repite que se quiere evitar la segregación. Pero en la práctica ocurre lo contrario, según denuncian distintos expertos. «Existe una segregación indirecta a través de la financiación, dado que las escuelas gestionadas por la Iglesia reciben más dinero por parte del Estado», explica el sociólogo Radó. Los alumnos de las escuelas públicas se encuentran no solo con mensajes conservadores, sino con manuales llenos de errores: «datos equivocados, mapas erróneos. Los mensajes sobre la mujer y la familia que se publican en los libros son muy conservadores», añade Maria Heller, directora del Departamento de Sociología de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest.

Con el declive de la calidad de la enseñanza pública, aumenta la segregación de los alumnos que proceden de barrios pobres. Cada vez más padres optan por las escuelas privadas o las que gestiona la Iglesia. «Los alumnos de minoría romanó van a la escuela pública porque esta tiene la obligación de recibir a todos los alumnos. En las escuelas gestionadas por la Iglesia los pueden rechazar sin traba alguna», prosigue el sociólogo Radó. «La segregación cariñosa, es así como la llaman», le completa la profesora Heller: «El antiguo responsable de Educación ha afirmado que segregan a los niños romaníes porque de hecho los queremos proteger y deseamos que no sientan que compiten con otros niños».

A pesar de la presión social contra la segregación, la falta de financiación y la segregación de hecho de los niños está haciendo que algunas escuelas públicas se vuelvan escuelas gueto, un proceso acelerado por los nuevos cambios. Ya desde 2010, se han designado escuelas especiales para los niños romaníes con medidas discriminatorias. El número de escuelas primarias gueto ha aumentado de 304 en 2010 a 369 en 2016. En la localidad de Monor, los niños romaníes han tenido que pasar un examen para que se decida si pueden acceder a la escuela con los demás o deben ir a una escuela especial.

Al racismo, discriminación y segregación se le añade la reducción de las asignaturas de Humanidades, bajo el omnipotente concepto de rentabilidad que se quiere impulsar como complemento de la educación cristiana: «Los chicos aprenden a ser carpinteros, no estudian literatura. Es una política deliberada, porque estos chicos saldrán de la secundaria sin conocimientos para poder seguir estudiando», explica la profesora Heller. Mátyás Binder es profesor de historia, labor que combina con otros dos trabajos para poder afrontar los gastos. «Tengo colegas en la pública que me dicen literalmente que no hay ni tizas en la escuela». Muchos de los alumnos que van a la pública se verán abocados a empleos precarios. Es una cadena de exclusión que empieza ya en la escuela. «Algunos ya están trabajando en el campo o en casa. Su futuro será un futuro de empleos precarios en los programas públicos», explica este profesor, en referencia al llamado programa Orbanomics, «trabajos que no alcanzan el salario mínimo».