Canadá es ya el segundo país tras Uruguay –y el primer gran país industrializado–en legalizar la posesión y el uso recreacional de la marihuana. La legalización da cumplimiento a una promesa electoral de la campaña de 2015 del primer ministro Justin Trudeau, que declaró que las leyes casi centenarias que criminalizaban el uso de la «maría» habían resultado inefectivas dado que los canadienses seguían estando entre los mayores consumidores del mundo. Prometió una ley que quitaría la marihuana «de las manos de los menores y los beneficios de su mercado negro de las manos de los criminales».

Según la nueva ley entrada en vigor ayer, los canadienses podrán comprar aceite, semillas y cannabis secado de productores con licencia en tiendas oficiales y tener en público hasta 30 gramos. Sin embargo, los alimentos con cannabis infundido no están aún en venta inmediata, aunque en un año, una vez aprobadas las regulaciones para esos productos, se espera que estén disponibles. Las infracciones son duramente castigadas y, por ejemplo, vender marihuana a menores de 14 años puede acarrear más de 10 años de cárcel.

Críticas y desajustes

La decisión de un país tan grande y avanzado como Canadá de legalizar la marihuana no solo es una cuestión doméstica. Con una tendencia global favorable a la modificación de las leyes prohibicionistas (Holanda y Portugal la han decriminalizado; en nueve estados de EEUU está legalizada; Sudáfrica legalizó su uso privado; Zimbaue y Lesotho, el uso medicinal, etc...), el mundo mira de cerca este experimento canadiense de legalización. Y si consigue restringir el acceso a jóvenes, racionalizar en el sistema de justicia las leyes de posesión y uso, y logra asfixiar el mercado ilegal, sin duda otros países estarán deseosos de seguir el ejemplo.

Pero es pronto para hacer juicios apresurados. No faltan ni las críticas ni los desajustes iniciales en todo nuevo proyecto. El mismo día de la legalización, la Asociación de Médicos canadienses publicaba un editorial en su revista en la que consideraba la medida «un experimento nacional descontrolado en el que los beneficios de los productores de cannabis y las ganancias en impuestos – según el Gobierno federal, 400 millones de dólares– que generará el negocio son lanzados directamente contra la salud pública de nuestros conciudadanos».

En varias provincias de aquel vasto país, decenas de tiendas vendían a largas colas de clientes mayores de 18 o 19 años, dependiendo de las legislación del lugar, y se temía un pequeño caos al estimarse que la demanda inicial de marihuana fuera muy superior a la oferta.

Indulto a presos; ¿«Burbuja verde» a la vista?

El Gobierno de Justin Trudeau indultará a los presos condenados en el pasado por posesión de hasta 30 gramos de marihuana, una medida que se estima que beneficiará a cientos de miles de personas. Al compartir Ottawa y Washington una base de datos que contiene todo el historial delictivo de los canadienses, hasta ahora, los condenados por posesión para uso recreativo no podían viajar a EEUU. Pero, según la agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU, «la amnistía a los presos no les garantizará la entrada a nuestro territorio nacional».

Por otra parte, el experimento canadiense está siendo analizado de cerca por grandes inversores, convencidos de que es una industria en edad infantil que ha pasado de ser una actividad casi familiar y clandestina a ser un nicho de negocio jugoso, aun a riesgo de convertirlo en una nueva «burbuja verde». Sabiendo, así mismo, que la marihuana es más que una planta: es cultura y parte de la vida de muchas personas. Y que como industria, crecerá quizá más rápido que la «maría» bajo el sol o los sistemas de iluminación. GARA