El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, convocó a una reunión ayer a los magistrados de la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, que el pasado jueves dictaron la sentencia que estableció que la banca, y no sus clientes, debe hacerse cargo del pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) en la firma de una hipoteca.

Fuentes del tribunal indicaron a la agencia Efe que este encuentro, de carácter interno, únicamente serviría para analizar la situación creada después de la citada sentencia y de la nota posterior en la que el presidente de la Sala Tercera convocaba una reunión del Pleno de lo Contencioso-Administrativo, que se celebrará el 5 de noviembre, para confirmar o no la nueva jurisprudencia creada.

Pero la de ayer no parecía una mera cita formal a tenor de las valoraciones que suscitó entre algunas organizaciones ciudadanas. Desde Barcelona, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) señaló que «provoca vergüenza suprema» la decisión de revisar la sentencia de la Sala Tercera. «La legitimidad del Tribunal Supremo está en entredicho una vez más», advirtió.

«No es la primera vez que el TS opta por aplicar medidas económicas frente a las jurídicas, que son las únicas que le competen», subrayó la PAH, que recordó que, en mayo de 2013, cuando la Sala de lo Civil falló sobre las cláusulas suelo, limitando la devolución por los bancos a la fecha de su sentencia, tuvo que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el que, en diciembre de 2016, dijera que la devolución tenía que hacerse desde el momento de la firma de la hipoteca.

Siguiendo la misma línea, Stop Desahucios Euskadi reclama que la nueva jurisprudencia que emana de la sentencia del jueves se aplique «sin maniobras ni dilaciones».

Este colectivo cree que la paralización de esta sentencia y la suspensión de procedimientos de ejecución hipotecaria a la espera de una decisión del Tribunal de Justicia de la UE sobre las cláusulas abusivas «tienen relación» con la actual tramitación en el Congreso de proyectos como la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que «contienen la trampa de pretender mantener las cláusulas abusivas y reforzar el papel del notario para garantizar que no se pueda alegar desconocimiento o falta de transparencia».

El Gobierno no ve presiones

En este contexto, la ministra española de Economía y Empresa, Nadia Calviño, comentó que no tiene conocimiento de «ningún tipo de presión» en torno a la sentencia del Supremo referida al pago del IAJD y que el Gobierno está estudiando sus implicaciones ya que el sector debe tener seguridad jurídica.

A Calviño le parece «positivo» que sea el Pleno jurisdiccional del TS el que analice la nueva doctrina sobre este impuesto, ya que «lo mejor es que cuanto antes se aclare la decisión».

El Estado español se posiciona a favor de la banca ante el TJUE

El pasado jueves, poco antes de que se conociese el nuevo fallo del TS sobre el IAJD, la plataforma IRPH Stop Gipuzkoa criticaba duramente al Gobierno español por «mover ficha ante el Tribunal Europeo defendiendo los intereses de la banca». «El Reino de España ha presentado observaciones escritas en el caso sobre el IRPH, y lo ha hecho para atacar los intereses de su propia ciudadanía», añadía. Este movimiento lo ejecutó la Abogacía del Estado el 7 de junio, cuando Pedro Sánchez era ya presidente pero, como precisó la plataforma ciudadana, todavía no había puesto a Marco Aguiriano al frente de la Secretaría de Estado para la UE. Por ello, espera que el Gobierno del PSOE «cambie la postura del Reino de España ante el TJUE y defienda la necesidad de que la cláusula de IRPH sea transparente».

Este caso hace referencia a una cuestión prejudicial relativa a ese índice de referencia hipotecario planteada por un juzgado de Barcelona en la que se interpela al Tribunal de Justicia de la UE para que aclare si la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2017, en la que «se eximía la cláusula IRPH de todo control de transparencia», es ajustada al derecho comunitario.

IRPH Stop afirma que, en su escrito, el Estado viene a decir que «no tiene sentido» aportar información sobre el IRPH porque la ciudadanía «no va a entenderla» y que la banca aplicó este índice «de buena fe». GARA