Tras haber sido llamado a juicio en su país, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa estudia pedir asilo en Bélgica, una decisión que dependerá de la respuesta de los organismos internacionales a los que ha pedido asistencia contra la «dictadura» del presidente Lenín Moreno, a quien acusó de «traición» a sus aliados por su viraje derechista nada más llegar al poder.

«Lo sigo estudiando», aseguró a Efe desde Bélgica, donde reside desde julio de 2017, al descartar informaciones que apuntaban a que habría solicitado asilo en junio. Agregó que vive una situación «complicada», pero que utilizará «todos los derechos que tiene para defender su integridad», y «el asilo político es uno de ellos».

En una entrevista con AFP, insistió en que es objeto de «una persecución política», tras conocerse el auto de llamamiento a juicio que dictó el miércoles la jueza del Tribunal Supremo de Ecuador Daniella Camacho, como presunto autor intelectual del secuestro del opositor y exasambleísta Fernando Balda en 2012 en Colombia. «Como no nos pueden ganar en las urnas, como no nos pueden derrotar, buscan todas estas excusas tremendamente graves», afirmó.

Como ejemplo de una persecución que considera «brutal» cita los casos de su exvicepresidente, Jorge Glas, condenado por corrupción a seis años de cárcel en una sentencia que aún no es firme; el proceso legislativo contra la asambleísta Sofía Espín por visitar a una testigo del «caso Balda», y el proceso por malversación de fondos públicos contra su secretario de Comunicación Fernando Alvarado, fugado tras despojarse de una pulsera electrónica.

Afronta una orden de prisión preventiva y solo podrá ser enjuiciado si es capturado o se presenta ante el Tribunal, y podría ser castigado por ese delito con hasta siete años de cárcel.

Correa, que siempre ha negado su implicación en los hechos y acusa a Moreno de orquestar un complot en su contra, descarta un eventual regreso que supondría su inmediato ingreso en prisión durante varios meses, aunque se mostró convencido de que ganaría el caso.

Para el exmandatario, la acción judicial, a su juicio plagada de «irregularidades» y un «fraude total», «no tiene ningún futuro». «Pretenden con eso tenerme desterrado siete, ocho años, hasta que prescriba» y «tenerme fuera el país para la próxima campaña [electoral], en marzo de 2019», sostiene.