El Ejecutivo alemán aprobó ayer sendos proyectos para intentar fomentar la inmigración reglamentada de trabajadores y profesionales cualificados que precisa con urgencia el país ante el envejecimiento de la población y la escasez de mano de obra en ciertos sectores, una ley que se sitúa entre la virtud de la canciller, Angela Merkel, la necesidad del ministro del Interior, Horst Seehofer y el miedo a la xenófoba Alternativa para Alemania (AfD). El objetivo de estos proyectos de ley, que se someterán a votación en el Parlamento en 2019, es responder a la evidente falta de mano de obra en ciertos sectores de la mayor economía de Europa.

«Necesitamos mano de obra de terceros países (de fuera de la Unión Europea) para garantizar nuestra prosperidad y poder llenar las vacantes. Naturalmente primero hay que recurrir al potencial que hay en Alemania y en la UE pero eso no es suficiente», indicó el ministro de Interior en su presentación junto a los titulares de Economía, Peter Altmeier, y Trabajo y Seguridad Social, Hubertus Heil.

El primero de los proyectos abre la posibilidad a que ciudadanos cualificados extracomunitarios puedan ir a Alemania a buscar trabajo. Recibirían un permiso de residencia de seis meses para obtener un empleo.

Durante ese tiempo, tendrán que tener sus propios medios de subsistencia y demostrar un conocimiento suficiente del alemán así como formación laboral o universitaria, y no tendrán derecho a recibir prestaciones sociales. Su permiso de residencia podrá ser ampliado si encuentran empleo.

«Queremos inmigrantes que ocupen puestos de trabajo y no que vengan a cobrar el seguro de paro», sostuvo Seehofer.

El segundo proyecto apunta a los solicitantes de asilo cuya petición haya sido rechazada, pero que no pueden ser expulsados del país y han hecho progresos en su integración. Obtendrían un permiso temporal de trabajo que, tras 30 meses, podría convertirse en definitivo, si han trabajado allí al menos 18 meses y no tienen antecedentes penales. Esta medida afectaría a cerca de 180.000 personas.

Hubertus Heil recordó, por su parte, que actualmente en Alemania hay 1,2 millones de puestos de trabajo que no pueden ser ocupados por falta de personal capacitado ante lo cual el Gobierno ha desarrollado una estrategia con tres pilares: la mejora del potencial que hay en Alemania; la aportación de los trabajadores de la UE –sin los cuales, según Heil, la economía alemana habría frenado su crecimiento–, y las dos leyes migratorias que tendrán que pasar ahora el trámite parlamentario.

Con respecto al segundo proyecto, que afecta a los refugiados, Heil señaló que «lo fundamental es que no expulsemos a la gente equivocada».

El SPD había insistido en la necesidad de sacar una nueva ley antes de fin de año, mientras que la CDU insistía en cerrar cualquier posibilidad legal de permanencia a los solicitantes de asilo que no revelen su identidad y país de origen.

Un estudio reciente concluyó que dos tercios de las empresas medianas alemanas, el segmento del famoso Mittelstand, quieren reclutar más trabajadores en los próximos años. La industria alemana aspira a que se relajen las estrictas leyes de inmigración para paliar la escasez de trabajadores y profesionales.

De acuerdo a los datos oficiales, el desempleo cayó en noviembre en Alemania al 4,8% y el número de puestos de trabajo vacantes ascendió a 807.000.

Según expertos de la Universidad de Konstanz y de la Agencia Federal de Empleo, a la vista del envejecimiento de la población, Alemania necesitará hasta 2050 una media anual de hasta 400.000 trabajadores de países de fuera de la UE.

Drástico plan migratorio británico post-Brexit

El Gobierno británico publicó ayer su plan para reducir la inmigración desde la UE tras el Brexit, lo que según la patronal asestaría un duro golpe a muchas empresas, preocupadas ya por una posible salida sin acuerdo.

El nuevo sistema se basará en las competencias profesionales y no en la nacionalidad, poniendo en pie de igualdad a trabajadores comunitarios y extracomunitarios. «En el futuro, todo el mundo, excepto los ciudadanos británicos e irlandeses, tendrá que obtener autorización de Reino Unido antes de poder venir», explicó Sajid Javid, titular de Interior al presentar el Libro Blanco sobre Inmigración.

La propuesta incluye un sistema de trabajo temporal con visas de un año, al margen del nivel de formación, destinado a tranquilizar a los sectores que dependen de una mano de obra no cualificada. Durante su estancia, no tendrían derecho a ayudas públicas, a traer a familiares dependientes ni a pedir la residencia permanente.

La propuesta del Gobierno incluye una consulta sobre el nivel salarial mínimo a imponer para permitirles instalarse en Reino Unido. Javid sugirió que podría ser de unas 30.000 libras esterlinas (33.000 euros).

Sectores como el Servicio Nacional de Salud dependen de la mano de obra extranjera, con un 5,6% de empleados procedentes de la UE.GARA