Miguel FERNÁNDEZ IBÁÑEZ
Pristina

El caso Dehari o los «excesos» del Estado de derecho en Kosovo

Han pasado más de dos años desde su muerte en una cárcel de Kosovo. Las autoridades anunciaron que fue un suicidio, pero la familia, tras dos años de batalla legal y política, apunta al uso desmedido de la fuerza policial. Un caso que representa la debilidad del Estado de derecho en Kosovo.

Noche del 4 de agosto de 2016. Desde una motocicleta Yamaha 125 c. c. de color rojo, uno de los dos ocupantes lanza un proyectil que impacta en el Parlamento de Kosovo. Tras 26 días de investigaciones, la Corte de Prizren decide arrestar a seis sospechosos. Astrit Dehari, uno de ellos, fallece en la cárcel el 5 de noviembre. La causa oficial, pese a las declaraciones contradictorias de las autoridades, es el suicidio. Su familia, reunida en su casa de Pristina, lo rechaza. Arguye que, recién casado, esperaba una hija y le quedaban dos asignaturas para licenciarse en Medicina. «No se suicidó», sentencia Arta, su viuda, mientras sostiene en brazos a Arsa, su hija, que llama «babi», padre, a su abuelo Avni.

La vida parecía sonreir a Astrit Deharie. Además, su carrera política lo había convertido en 2016 en una figura esencial en la organización juvenil de Vetëvendosje, formación soberanista conocida por sus acciones radicales, como lanzar gas en el Parlamento, y principal fuerza política kosovar al aglutinar el descontento con los partidos tradicionales. Precisamente, los seis detenidos eran activistas de Vetëvendosje, que llevaban meses protestando en las calles contra el diálogo con Serbia y el acuerdo de demarcación fronteriza con Montenegro. Pasaron, hasta la muerte de Dehari, 68 días detenidos a la espera de juicio.

Puro escarmiento

En un análisis en Kosovotwopointzero, Furtuna Sheremeti recuerda que el artículo 173 del Código Penal desaconseja esta medida si no existen pruebas concluyentes de que el acusado cometió el crimen o ries&dcThree;go de fuga o de repetición del acto delictivo. Por lo tanto, concluye, la decisión de mantener en prisión a los acusados fue en contra de la Convención Europea de los Derechos Humanos. Sami Kurteshi, amigo de la familia y diputado que lleva el caso en el Parlamento, cree que el Gobierno pretendía escarmentar a quienes apuestan por un estilo radical en la protesta. «Le conocían. No creo que su muerte fuera un error. El anterior Gobierno tenía todo en su mano: Justicia, Policía... por eso estaba seguro de que el caso no saldría fuera de Kosovo», añade. Pero salió, tras más de un año de lucha parlamentaria, camino el Instituto Forense de la Universidad de Lausana.

Lucha política

Tras las elecciones de junio de 2017 se produjo un cambio de Gobierno en Kosovo. Ramush Haradinaj, actual primer ministro, dio luz verde a un presupuesto de 50.000 euros para una investigación independiente. Eso es y era, reflejando la delicada situación del Estado de derecho en Kosovo, mandar el caso fuera del país. Este movimiento perjudica a Hashim Thaçi, actual presidente, entonces primer ministro y enemigo político de Haradinaj. La relación entre estas dos importantes figuras políticas de Kosovo solo encuentra consenso en las imposiciones de la comunidad internacional, por lo que el caso Dehari sirve para ajustar cuentas y obtener rédito político en el disputado Parlamento. De esta forma, ni mucho menos la deseada por su familia, se abrió la puerta de la esperanza. «Tenemos que continuar luchando para que el caso no muera y la verdad salga a la luz. Tenemos que esperar al resultado en Lausana para pedir cuentas, pero en la resolución del Parlamento pedimos responsabilidad a todos los implicados, desde el anterior primer ministro hasta el carcelero. Le pongo un ejemplo. Mire esta casa. Ahora tenemos una relativa seguridad. Pero una cárcel es 100% segura porque el control recae en el Estado. En esta casa puede ocurrir algo, un accidente, pero es imposible en una cárcel», señala Kurteshi.

Condenados por «terrorismo»

En paralelo a la muerte de Dehari, el caso judicial contra el ataque al Parlamento ha continuado su curso legal. En diciembre de 2017, la Corte de Pristina condenó por «terrorismo» a los acusados a entre dos y ocho años de cárcel. Sin embargo, la Corte de Apelación de Pristina ordenó en febrero la repetición del juicio al considerar que las pruebas presentadas contra los acusados no eran concluyentes: los testigos no reconocían en los acusados a quienes habían comprado la motocicleta Yamaha y el teléfono Samsung desde el que se reclamó más tarde la autoría del ataque. Desde entonces, lamenta Kurteshi, no se ha producido avance alguno.

«Un patriota»

Las calles de Pristina o Prizren, que han vivido protestas pacíficas en las que se reclamaba esclarecer la verdad, aún recuerdan a Astrit Dehari. Hay pintadas, grafitis y mensajes escritos en muros y edificios. Su madre trae un álbum con fotografías. En una sale Astrit, siendo un bebé, arropado por la bandera albanesa. En otra viste la ropa tradicional. En otra corta un pan. También hay muchas imágenes del día de su boda. Este álbum es uno de los recuerdos que le queda a su familia, el pasado que algún día su hija Arsa ojeará para darse cuenta de que su padre no es su abuelo. «No le contaré lo que le ocurrió a su padre: su abuela lo hará cuando llegue el momento», reconoce Arta, en cuyo cuello cuelga un collar con las letras AAA encadenadas.

Astrit Dehari nació en 1990 en Berna, Suiza, donde sus padres residieron 19 años. Según relata su familia, primero quiso ser cocinero para preparar sus platos preferidos: pizza y samsa. Luego, a medida que crecía, el fútbol y la naturaleza centraron sus actividades ociosas. A los 13 o 14 años, porque Avni no lo recuerda bien, volvieron a Kosovo. «Mis hijos querían volver. Como padre albanés estuve muy contento de que encontraran aquí la felicidad», dice Avni, que se muestra como un nacionalista albanés: «No teníamos una mala vida en Suiza, pero esos años los consideramos perdidos porque no pudimos luchar por nuestro país».

En la casa de los Dehari, de habitaciones diáfanas, no hay lágrimas: puede que el tiempo haya ayudado a curar las heridas, pero es más bien la tradición política de esta familia. Una que fue inculcada a Astrit desde su infancia, «por eso son fuertes», aclara Kurteshi, y que tiene ya 70 años: el padre de Avni murió a manos del Estado yugoslavo en 1949. «Tenía dos años», recuerda Avni. Arsa no pudo ni tener esa corta relación: su padre murió antes de que ella conociera el mundo.

«Era una persona comprometida. Su objetivo era mejorar el país desde la política», recuerda Arta, a quien conoció gracias a unos amigos de la universidad y que parece continuar con la tradición de los Dehari: forma parte del grupo parlamentario de Vetëvendosje. Es un comienzo, un paso que ella no eligió dar pero que ahora afronta decidida: es una cuestión personal.

Kosovo es un caso paradigmático, una excepción a la norma. Entre 1999 y 2008, fecha de su independencia, fue administrada por la ONU. En la siguiente década, la UE intentó establecer un Estado de derecho acorde a los estándares europeos. Sin embargo, en los diferentes informes internacionales siempre se ha destacado la politización de la justicia y la baja preparación de los jueces y fiscales kosovares, que además no cuentan con las herramientas ni la protección necesaria para las investigaciones. Es una plaza complicada, y proteger a los testigos en un país de 2 millones de habitantes en el que todos se conocen sigue siendo un reto. Así, el último informe del Departamento de Estado de los EE.UU destaca que las leyes no se implementan con eficacia. Además, añade que «la administración de justicia es lenta y carece de mecanismos para que los oficiales de justicia rindan responsabilidades. Las estructuras jurídicas sufren de interferencia política, con cuestionables nombramientos y mandatos opacos». Unas afirmaciones que recoge también el informe de la Comisión Europea, que destaca «la vulnerabilidad del sistema judicial por la excesiva influencia política».

Estos condicionantes auguran que esclarecer la muerte de Astrit Dehari no será fácil. Sobre todo porque uno de los señalados por la familia es Hashim Thaçi, al que apodan «serpiente» y que siempre consigue que las acusaciones en su contra terminen siendo archivadas por falta de pruebas. Sin embargo, hay espacio para la ilusión, el caso no prescribe al estar relacionado con actos de «terrorismo», y sobre todo tenacidad por esclarecer la verdad. «No podemos sentirnos bien cuando un Gobierno no hace su trabajo. Astrit murió en prisión, pero no se suicidó. Lucharemos los años que hagan falta para aclarar lo ocurrido», advierte Avni, que mira, en busca de esperanza, a Lausana, en la misma Suiza en la que nació Astrit.