Frente al Parlamento de Macedonia, en el corazón de Skopie, un puñado de hombres destaca por encima del trasiego de personas y coches: dos tiendas de campaña, varias mesas y montones de imágenes y textos con mensajes contrarios al Gobierno no son fáciles de obviar. Kire, jubilado de 70 años, expone la razón de su acampada: el primer ministro y líder del socialdemócrata SDSM, Zoran Zaev. «Es el peor líder de la historia de Macedonia: va a entregar Alejandro Magno a los griegos. Fui profesor de Historia, y le digo que los macedonios subieron hacia el norte y se mezclaron con los eslavos». Junto a Kire, cuatro personas más que, turnándose con otros indignados hoy ausentes, empezaron a protestar aquí en abril de 2017, cuando nombraron al primer portavoz parlamentario albanés en la historia de Macedonia. En enero de 2018 ocuparon con dos tiendas este espacio público. Ahora, tras el resultado del pasado referéndum, han añadido a su lucha la causa de la identidad. «Nuestro nombre es Macedonia», sentencia, elevando una de las consignas de los opositores al cambio de nombre.

El pasado 30 de setiembre Macedonia celebró un referéndum consultivo sobre la implementación del Acuerdo de Prespa, que estipula la entrada del país en la OTAN y la UE después de cambiar el nombre a República de Macedonia del Norte, requisito exigido por Grecia para no ejercer su derecho a veto en esas entidades. En la cita popular el «sí» obtuvo el 91%, pero la concurrencia a las urnas fue del 36%. Esos 605.000 votos positivos habrían rondado el 50% con la participación de las últimas elecciones, que fue de 1.200.000, pero la oposición nacionalista VMRO apoyó el boicot, única salida para evitar su probable derrota, y consideró que el pueblo había rechazado el acuerdo porque la Constitución estipula que una consulta popular queda invalidada si la participación no alcanza el 50%. Por lo tanto, el acuerdo moriría: se necesitan 2/3 de los parlamentarios para la reforma constitucional y VMRO sumaba más de 40 de los 120 diputados. Entonces Zaev, considerándose vencedor, amenazó con convocar elecciones anticipadas si no conseguía la mayoría necesaria para la enmienda. Y la obtuvo, semanas después, gracias a ocho tránsfugas de VMRO.

«Zaev está forzando una causa que es muy complicada para los macedonios. La voluntad popular se reflejó en el referéndum, y es distinta a la idea de Zaev y de la comunidad internacional», explica un obispo de la Iglesia de San Demetrio, en Bitola. La Iglesia es uno de los sectores contrarios al acuerdo. Este religioso, que prefiere mantener el anonimato, lamenta la injerencia internacional y cuestiona los valores comunitarios. «No creo que la democracia europea sea un ejemplo: la UE impone un acuerdo que la sociedad no apoya. En general, se piensa que la UE es buena, pero cuando viajo allí veo las iglesias vacías. Si esa es la Unión que nos espera, no la quiero, porque aquí tenemos una nación democrática y no un régimen», dice.

En Macedonia existe libertad, dice este obispo, pero no en esta decisión de cambiar el nombre y rechazar los lazos con la antigua Macedonia, la que incluye el mito de Alejandro Magno. Antes y después del referéndum se han vivido protestas en las calles de Skopie. Al igual que Kire y sus compañeros, exigen que no se implemente el acuerdo. Pero nadie los escucha. Como ya les sucedió a los griegos cuando, en 2015, rechazaron en un referéndum los recortes de la Troika que más tarde aceptaría su Gobierno. Porque esa decisión, como ahora le sucede a Macedonia con su nombre, era cautiva de los intereses de Occidente. «Vivimos en un país democrático, por eso nos permiten estar aquí, pero esta causa viene impuesta desde arriba», reconoce Kire. Este acuerdo, además de la forma en la que Zaev llegó al poder y obtuvo los 80 diputados para reformar la Constitución, lo ejemplifica: el momento coincide con un Gobierno griego dispuesto a aprobarlo.

El ascenso de Zaev

En 2015, Nikola Gruevski, el ex primer ministro exiliado en Hungría que llegó a ostentar demasiado poder para una oligarquía de partidos, sufrió una estocada mortal cuando Zoran Zaev publicó grabaciones que demostraban las prácticas mafiosas de VMRO. Tras una década de Gruevski en el poder, pocos tenían la capacidad para obtener semejantes evidencias. La UE apuntó a filtraciones hechas por los servicios secretos macedonios, mientras VMRO clamó contra un complot de la CIA o del magnate George Soros. Como resultado, comenzaron las protestas en las calles exigiendo la dimisión de Gruevski. Él se negaba, hasta que cedió ante la UE, que emergió como mediadora de una turbulenta transición política que acabaría con el siguiente resultado electoral: SDSM, 49 diputados; VMRO, con Hristijan Mickoski de líder, 51; y 20 para los partidos albaneses. Más tarde, con Zaev gobernando en coalición, se firmó el Acuerdo de Prespa con Grecia. Y el 30 de setiembre, ya con tres diputados de VMRO fugados al bloque del «sí», se votó en referéndum por el cambio de nombre.

Tras la votación, el bloque del «sí» sumaba 72 de los 120 escaños y necesitaba 80 para la enmienda a la Constitución. Lo más lógico, pese a que VMRO apoya la integración internacional, eran unos nuevos comicios anticipados, pero ocho diputados de VMRO cambiaron de filas en la primera votación. En la segunda, el Gobierno obtuvo la mayoría simple. Y en la tercera y definitiva, propuesta para enero y en la que se necesitan 2/3 de los diputados, parece que el Parlamento aprobará las cuatro enmiendas a la Constitución.

Además de ratificar el acuerdo, la huida de Gruevski a Hungría libra al Gobierno de un incordio político que, debido a su condena de dos años, habría terminado en prisión. La patata caliente es ahora de Bruselas y con Viktor Orban. Puede que fuera parte del acuerdo general, síntomas de una amnistía, como apuntó Uranija Pirovska, directora del Comité de Helsinki en Macedonia. O no. Aún no se sabe, pero decenas de miembros de VMRO afrontan penas de cárcel por corrupción y por atacar a otros diputados en el Parlamento cuando nombraron al portavoz parlamentario de origen albanés en abril de 2017. Así, las futuras sentencias podrían indicar la connivencia del Gobierno en este proceso, que se traduciría en una amnistía oficial o encubierta. Pero sobre todo habrá que mirar a los ocho tránsfugas –tienen causa legales abiertas–, cuya única condición fue crear una comisión para la reconciliación política. De ellos, purgados de VMRO, se rumorea que lo han hecho por una amnistía o por dinero. O por ambas razones.

Un «sí» obligado

En Bitola, conocida como la ciudad de los cónsules, Nikola apoya a Zaev, pero entiende los límites del poder de decisión de los macedonios. «Este acuerdo es un truco político en el que no podemos elegir, pero estoy contento con el cambio de nombre, aunque sepa que el camino de la reforma no es el más democrático. La democracia es difícil de discutir, y ahora no hay tiempo que perder», dice este jardinero de 52 años para reflejar la tardía integración. «Tenemos un problema complejo que tiene que solucionarse ya. No creo que este acuerdo vaya a traer nada malo. No existe mejor solución y, además, la UE es nuestro destino natural», añade.

Nikola, que vivió seis años en Alemania por trabajo, fue a votar en el referéndum porque cree que la UE terminará con dos problemas endémicos: la corrupción y la ausencia del Estado de derecho. Asegura que muchos otros macedonios apoyaban el cambio de nombre, pero tuvieron miedo a molestar a quienes dirigen la estructura clientelar de VMRO: «Muchos jóvenes no creen en la política. Otros, porque aquí todos se conocen, no votaron porque hubieran sido considerados traidores por VMRO».

Para VMRO, Zaev es un traidor de la nación macedonia, mientras otros estratos de la sociedad ven en el primer ministro la ilusión del cambio. Uno a mejor, se espera, aunque haya que tragar un amargo dulce y decirse que no ocurrirá lo mismo que en Bulgaria o Rumanía, que tras una década en la UE siguen sufriendo por la corrupción.

La causa del nombre afloró como el principal problema de Macedonia tras su independencia, en 1991. Para entrar en la ONU, en 1993, tuvo que cambiar su nombre a Antigua República Yugoslava de Macedonia. Sin embargo, en 2008 Grecia, que considera que el nombre Macedonia oculta ambiciones territoriales sobre su homónima región, vetó su entrada en la OTAN. Desde entonces, no se atisbaba una solución. Menos con Gruevski en el poder.

Ahora que parece que el Parlamento macedonio aprobará la reforma constitucional, la presión de la UE se traslada a Grecia, que tiene que ratificar el Acuerdo de Prespa. Y no será sencillo: en octubre dimitió el ministro de Exteriores griego y ANEL, en coalición de Gobierno con Syriza, vacila en apoyar un acuerdo que, según una encuesta, es rechazado por el 65% de la población. Una historia parecida a la de Macedonia, un nuevo reto para que Occidente zanje esta disputa en el corazón de los Balcanes.