Las cifras sobre segregación escolar han sido ampliamente divulgadas. Especialmente preocupantes resultan los datos sobre escolarización del alumnado de origen extranjero que se concentra en la red pública y sobre todo en algunos centros. Los mecanismos que provocan esta segregación están perfectamente identificados y son de sobra conocidos, sin embargo, la Administración continúa sin tomar medidas para corregir el sesgo que se produce durante los procesos de selección y matriculación del alumnado.

Steilas presentó ayer una serie de propuestas al Ayuntamiento de Gasteiz para abordar ese debate pendiente. El objetivo es garantizar que los niños y niñas puedan matricularse en el centro de su elección en igualdad de oportunidades con el resto de aspirantes. Sin embargo, no parece que haya voluntad política para modificar esos sutiles mecanismos que permiten a los centros continuar eligiendo a los alumnos. Frente a cualquier propuesta de cambio, todo el mundo suele apelar a la libertad de los centros, al tiempo que critica el intervencionismo de la Administración. Argumento que sorprende cuando todos ellos reciben financiación pública a la que, por otra parte, ningún colegio concertado renuncia. Y menos todavía los seis colegios de la CAV que segregan al alumnado por sexo y que recibirán este curso la nada desdeñable cantidad de 12,6 millones de euros. Entre ellos está el de Gaztelueta, cuya dirección se permitió hace poco defender a un profesor condenado en primera instancia por abusos a un alumno, además de arremeter contra la víctima y desacreditar la sentencia. Todo un ejemplo del espíritu cívico que anima a estas elitistas instituciones privadas.

Caminamos rápidamente hacia sociedades cada vez más estratificadas y desiguales y, como muestra la experiencia de los países escandinavos, uno de los principales mecanismos para garantizar la igualdad, la equidad y la no discriminación es el fortalecimiento de la escuela pública.